El pasado octubre Bankia decidió anular el pago del bonus del año pasado a 72 directivos, que contó con el visto bueno del Banco de España y Bruselas. Además deberán devolver la parte de esta retribución variable que ya hayan recibido, para lo cual la entidad les ofrecerá créditos en condiciones ventajosas.
Así al menos lo publica el diario Expansión, que cita unas fuentes financieras que explican que la mayoría de los directivos “ya se ha gastado lo que cobró y la entidad les va ofrecer préstamos en condiciones ventajosas, todavía por definir, para poder devolver el dinero”.
No obstante, y siempre según la versión de este diario, “por muy ventajoso que sea el préstamo, previsiblemente a un tipo de interés casi nulo, al final van a tener que acabar pagando porque tributará como pago en especie”.
En otro orden de cosas, hoy comienzan los interrogatorios en la Audiencia Nacional por el caso Bankia. No obstante, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha retrasado hasta mañana la declaración como imputado del secretario del consejo de administración de Bancaja, Ángel Villanueva, que iba a ser el primero de los 33 consejeros de Bankia y BFA en comparecer en la investigación por la salida a Bolsa de la entidad.
Según informaron a Efe fuentes jurídicas, Villanueva Pareja se ha excusado por haber sido citado previamente en otro juzgado, de modo que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 le ha convocado a declarar en principio mañana.
De este modo, Andreu sólo tomará declaración hoy al presidente de La Caja de Canarias, Juan Manuel Suárez del Toro, que era vocal de BFA cuando Bankia salió a Bolsa, en julio de 2011.
Además de los 33 imputados, el juez de la Audiencia Nacional ha aceptado incluir en la lista de testigos al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que todavía no tienen fecha para comparecer.
La Audiencia Nacional empezó a investigar el caso Bankia el pasado 4 de julio al admitir a trámite la querella presentada por UPyD, que sostiene que, con la salida a Bolsa, los administradores cometieron delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas.
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