“Cuando las barbas de tu vecino veas cortar…” Los ex directivos de CatalunyaCaixa podrían comenzar a pensar en aplicarse el refrán a la vista de como se están desarrollando los acontecimientos en los casos de Novacaixagalicia y la CAM, y a la espera de que la Fiscalía catalana decida si hubo irregularidades en las retribuciones e indemnizaciones cobradas, algo que podría desvelar a principios del próximo año.
A principios del pasado mes de julio, la Fiscalía de Barcelona abrió diligencias de investigación para averiguar supuestas irregularidades en el establecimiento de un régimen de retribuciones elevado para altos responsables de Caixa de Catalunya, actualmente CatalunyaCaixa.
Una vez analizada la documentación, la fiscalía valorará si existe algún tipo de infracción penal en la adjudicación de estas retribuciones y pensiones. En principio, las diligencias de investigación tienen una duración predeterminada de seis meses, por lo que estarían listas en enero, aunque el plazo puede prorrogarse en función de la documentación recogida.
La entidad respondió a esta investigación señalando que siguió “en todo momento y escrupulosamente los procedimientos y normas legalmente establecidos”, y que la remuneración del equipo directivo actual fue fijada “con total transparencia y plena aprobación y conocimiento” de la comisión de retribuciones, el consejo de administración de la entidad, el Banco de España y el FROB, actual accionista mayoritario, según un comunicado a la CNMV.
CatalunyaCaixa, presidida por Adolf Todó, surgió de la fusión de Caixa Catalunya (bajo el mando del ex ministro Narcís Serra), Caixa Manresa y Caixa Tarragona. Fue nacionalizada el año pasado y deberá recibir nuevas ayudas públicas de hasta 10.800 millones de euros.
Sí están ya sobre la mesa las indemnizaciones cobradas por los ex directivos de Novacaixagalicia. Según la Fiscalía Anticorrupción, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Francisco Javier García de Paredes deberían devolver 7,87 millones de euros percibidos presuntamente de forma indebida y gracias, en teoría, a la colaboración de Fernández Gayoso.
La cuantía más alta se le reclama a De Paredes, que salió de Novagalicia y no de la caja, 5,2 millones de un total de 7,87 millones. A Pego se le piden 1,44 millones; a Gorriarán, 913.062 euros; y a Estrada, 260.940 euros.
Hoy mismo, el que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, ha defendido en la Audiencia Nacional que los ejecutivos que percibieron las millonarias indemnizaciones se las merecían porque fueron “los culpables del éxito” de la caja, en referencia a Caixanova.
Según publica Europa Press, que cita fuentes jurídicas, el ex presidente de Caixanova ha defendido la legalidad de las retribuciones asignadas a los anteriores ejecutivos amparándose en que era Caixagalicia la caja que peores resultados registraba, y ha defendido además que no tenía poderes ejecutivos y que el Banco de España había sido informado de los contratos, mientras que el consejo de administración disponía de esta documentación.
No obstante, el mayor escándalo hasta el momento es el que se refiere a la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En uno de sus últimos episodios, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desestimó el recurso presentado por la ex directora general, María Dolores Amorós, por despido improcedente, al entender que quedó probado que Amorós actuó de forma “contraria a la buena fe contractual”, y “perjudicó gravemente los intereses que le habían sido encomendados”.
Amorós es además una de los cinco altos cargos de la CAM que se encuentran imputados en la causa penal que instruye la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de la CAM, junto con su predecesor, Roberto López Abad; el expresidente Modesto Crespo; y los exdirectores de Recursos y Control, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, respectivamente.
El juez Javier Gómez-Bermúdez les imputa supuestos delitos societarios, de apropiación indebida y de estafa y les reclama una fianza de 25,8 millones de euros para resarcir el daño provocado a la entidad.
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