El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha reconocido que es “difícil” establecer que hubo “un negocio de estafa” en la comercialización de las preferentes por parte de entidades bancarias al sustentarse la relación entre cliente y entidad en un contrato civil, según unas declaraciones recogidas por Europa Press.
No obstante, ha admitido que hay “excepciones” en situaciones “concretas”, ha matizado aludiendo a los casos en los que la firma del contrato de compra fue con una cruz o una huella dactilar, en los que los clientes eran personas discapacitadas o incluso simplemente en los que se constate que hubo falta de información.
Sin embargo, “esas situaciones hay que investigarlas desde el punto de vista penal”, ha señalado Torres-Dulce, que considera “difícil establecer que un producto financiero con ese nivel de relación pueda entenderse como un negocio de estafa”.
