El revés legal que ha sufrido la ex directora de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, ha comenzado a levantar el nerviosismo entre los antiguos directivos de los bancos nacionalizados de las cajas de ahorros.
En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso presentado por Amorós por despido improcedente, al entender que no se produjo indefensión en el proceso y considerar que queda probado que Amorós actuó de forma “contraria a la buena fe contractual”, y “perjudicó gravemente los intereses que le habían sido encomendados”.
De este modo, el tribunal ratifica la decisión del juzgado de lo Social número 4 de Alicante que declaró procedente el despido de la ex directiva y rechazó su pretensión de cobrar una indemnización de diez millones de euros, además del derecho a percibir una renta vitalicia tras su jubilación de 369.000 euros anuales. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Amorós es además una de los cinco altos cargo de la CAM que se encuentran imputados en la causa penal que instruye la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de la CAM, junto con su predecesor, Roberto López Abad; el expresidente Modesto Crespo; y los exdirectores de Recursos y Control, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, respectivamente.
El juez Javier Gómez-Bermúdez les imputa supuestos delitos societarios, de apropiación indebida y de estafa y les reclama una fianza de 25,8 millones de euros para resarcir el daño provocado a la entidad.
No sólo los ex directivos de la CAM se encuentran en el ojo del huracán. En una tesitura similar se encuentran los antiguos gestores de Novacaixagalicia, cuyo banco fue nacionalizado hace ahora un año.
En ese sentido, Novagalicia Banco, controlada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), presentó ante el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Galicia una demanda de conciliación contra ex directivos de Novacaixagalicia, entre ellos el ex presidente Julio Fernández Gayoso, para recuperar las indemnizaciones que percibieron.
La reclamación persigue “la recuperación por parte del banco de las indemnizaciones percibidas por los ex directivos” cuando decidieron cesar en sus cargos, y “es previa a la posible presentación de una demanda laboral ante el Juzgado de lo Social”, precisa.
Novagalicia Banco también se personó en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional contra cuatro ex directivos y el ex copresidente de Novacaixagalicia que ejercía de presidente del consejo durante el primer año y medio de existencia de la entidad, Julio Fernández Gayoso, “con la intención de defender los intereses del banco en el citado procedimiento judicial”, puntualiza la entidad gallega.
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