La moratoria aprobada por el Gobierno en el pasado febrero, que suspende los incentivos económicos a las energías renovables, ha ‘secado’ la inversiones en bioenergía.
Desde la fecha que se aprobaron esos recortes, no se ha construido ninguna planta nueva, excepto aquellas que habían sido previamente aprobadas y estaban en preasignación con la tarifa antigua.
Fuentes del sector consultadas por EL BOLETÍN esperan que la ‘guerra’ entre Montoro y Soria por los impuestos a este tipo de industria,acabe en septiembre y acabe con la incertidumbre jurídica con la que viven las renovables desde febrero para impulsar este tipo de energía limpia.
En este sentido, el pasado mes de julio conocimos la decisión de una de las grandes de la energía verde de nuestro país, que ha pensado dejar de seguir invirtiendo en el mercado nacional. Acciona anunció públicamente que dejaba de lado España para enfocar su negocio en otros territorios que fueran rentables.
Francisco Repullo, presidente de la Asociación Española de Biogas (AEBIG), cree que “la esperanza de la industria pasa por firmar con el Ministerio de Agricultura un acuerdo por los derechos de emisión de CO2”. Su asociación de empresarios está llevando a cabo negociaciones con el Gobierno para que se reinvierta en la bioenergía todo el dinero que se ahorra al no tener que contaminar al usar la energía limpia de sus plantas.
Repullo teme que el Gobierno acabe imponiendo un impuesto del 4,5% al sector bioenergético de la biomasa y el biogas que les dejaría con márgenes inasumibles. En la actualidad este sector tiene un 10% de margen de beneficio. El empresario también opina que va a costar recuperar la confianza a los inversores por este tipo de energía, que de hecho está comenzando a invertir en otras industrias o en otros países como es el caso de Acciona.
