La deuda emitida por YPF se podría convertir en quebradero de cabeza para Repsol. Los analistas creen que la nacionalización de la petrolera argentina traerá consigo, casi con total seguridad, un impago de sus bonos.
Aún no está claro si Repsol tendrá que enfrentarse a los bonistas, ya que la compañía española tendría avalada parte de la deuda emitida por la argentina, pero según los analistas consultados por la agencia Dow Jones, esta opción no parece muy probable.
Los problemas podrían venir por otro lado. La semana pasada Moody’s recortó el rating de YPF no sólo por las incertidumbres sobre la gestión futura de la compañía argentina, sino también por su perfil financiero. “Como resultado de la transferencia de propiedad, un cambio de control podría ser considerado como un acto de impago si se hace caso a ciertos acuerdos relacionados con la deuda de YPF, dando lugar a los derechos de aceleración, salvo una renuncia de los prestamistas”, afirma la agencia de calificación.
Es decir, que los acreedores podrán reclamar la totalidad de la deuda tomada por la empresa sin esperar a que se cumplan los plazos previstos en los contratos. La preocupación de Repsol procede de la estructura legal de parte de los bonos (valorados en 5.700 millones de euros) que permite a los inversores pedir el pago inmediato en caso de que alguna de las filiales de la compañía no pueda pagar. En este caso, YPF estaría considerada como una filial.
Según la agencia Dow Jones, en el documento relacionado con el programa de emisión de deuda de Repsol, la cláusula de ‘impago cruzado’ indica que si una filial no logra pagar, los bonos de Repsol podrían correr la misma suerte.
En este escenario, algunas fuentes del sector aseguran que el Gobierno de Cristina Fernández se habría acercado a los acreedores para evitar que activen esta cláusula que ahogaría a la compañía argentina. Aún así, los analistas creen que la capacidad del Gobierno argentino de acudir al sistema de pensiones para conseguir efectivo podría ayudarle a pagar los vencimientos.
Según algunos medios del país austral, por lo menos un 60% de la deuda de YPF está ahora en manos del grupo Petersen, que los adquirió en la crisis de 2009 aprovechando una fuerte caída del precio. Esta inversión podría convertirse en un arma de negociación de la familia Eskenazi en caso de que se pretenda su salida de la empresa, en la que mantiene el 25%.
tras el anuncio de Argentina; Moody’s y Standard and Poor’s Corp. aplicaron rebajas sobre la compañía y han advertido de futuros movimientos similares.
