Alrededor de 400 afectados por las cuotas participativas y participaciones preferentes de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se han sumado a la demanda contra la cúpula directiva de la entidad y exigen la devolución de sus inversiones, cuya suma alcanza los 7,5 millones de euros.
A través de un comunicado recogido por la agencia Efe, la Plataforma CAM, que agrupa a este colectivo de suscriptores, ha anunciado que la próxima semana entregará las últimas adhesiones a la demanda. El colectivo estudia asimismo la posibilidad de incluir a nuevos cuotapartícipes en una segunda demanda.
La Audiencia Nacional ya ha respaldado la personación de la Plataforma CAM como acusación particular en la querella criminal contra los directivos de la entidad, según una providencia suscrita por el magistrado Fernando Grande-Marlaska.
La providencia responde a la querella de acción popular que este colectivo presentó el pasado 6 de marzo ante la Audiencia Nacional. Según los afectados de CAM, en esta querella se presentan pruebas del comportamiento delictivo de los antiguos directivos de la caja, así como un cálculo del daño económico que ha supuesto la intervención para los titulares de cuotas participativas y participaciones preferentes.
También han presentado como prueba el informe elaborado por los inspectores del Banco de España sobre la gestión de los anteriores directivos de la CAM y que se saldó con la apertura de expedientes sancionadores para 49 de ellos.
Según se conoció esta misma semana, los titulares de cuotas participativas de la CAM perderán toda su inversión antes del próximo mes de julio, ya que la entidad amortizará dichas cuotas en el primer semestre de 2012, según la información registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La CAM está intervenida por el Banco de España y los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), su organismo dependiente, tienen previsto ejecutar la amortización de las cuotas participativas dentro del plan de reestructuración de la entidad.
La entidad ha admitido que los 50 millones de cuotas participativas que emitió en julio de 2008 por importe global de 292 millones de euros carecen de valor contable a cierre de diciembre de 2011.
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