La huelga general que tendrá lugar el próximo jueves 29 de marzo en España mete aún más presión a los grupos de las cajas de ahorros, que deben presentar antes de finales de mes al Banco de España sus planes para cumplir con los nuevos saneamientos de los activos inmobiliarios exigidos por De Guindos.
A priori, esta jornada de huelga se traduce tan sólo en un día menos para que las antiguas cajas decidan qué planes presentar a la institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero en la práctica la gran mayoría intentarán reunir a sus consejos de administración antes del 29, para tener luego algo de margen de maniobra si existe alguna complicación.
En un caso similar se encuentran Unicaja y Caja España-Duero, cuya intención es reunir antes de la fecha de la huelga a sus respectivos órganos de gobierno para ratificar, de una vez por todas, el contrato de integración entre ambas. Al menos, afortunadamente, esta vez no será necesario el visto bueno de las asambleas generales, ya que estas ya dieron el visto bueno a la operación en septiembre del año pasado.
Precisamente la operación entre Unicaja y Caja España-Duero ha abierto un nuevo frente de polémica, ya que las ayudas del FROB de 475 millones de euros, más la opción para la entidad andaluza de emitir bonos convertibles por entre 375 y 1.025 millones de euros, ha despertado el malestar entre el resto de la banca.
Según publica Cinco Días, las entidades solicitan que las fusiones que se realicen a partir de ahora cuenten también con ayudas públicas, en vez de realizarse a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), como hasta ahora, lo que ha dejado el fondo prácticamente seco tras las subastas de la CAM y Unnim.
