El fondo que garantiza los depósitos bancarios se vacía

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que garantiza los depósitos de familias y empresas, se ha quedado a cero tras la subasta de Unnim. La ‘hucha’ de las entidades está sin recursos en un momento crítico, cuando se afronta la recta final de la reforma del sector.

El Gobierno acordó el pasado octubre unir en un solo FGD los tres que existían hasta entonces y que se financiaban de las respectivas aportaciones que efectuaban bancos, cajas y cooperativas de crédito. La suma de las tres cantidades dio como resultado un patrimonio de 6.593 millones, con el objetivo de sufragar los costes de la reestructuración de las cajas.

Sin embargo, el saneamiento de la CAM, entregada por el precio simbólico de un euro al Banco Sabadell, costará un mínimo de 5.249 millones de euros, que será la cifra que alcance la ampliación de capital de la entidad alicantina, y que suscribirá íntegramente por el FGD.

Aun dando por bueno que el agujero de la CAM se limite a esos 5.249 millones (algunas fuentes lo cifran más bien en el entorno de los 12.000 millones), las cuentas no le salen a De Guindos. En el mejor de los casos quedan 1.344 millones de euros, a los que se suman otros 1.600 millones con las aportaciones anuales de las entidades, después de que el Gobierno de Zapatero aprobase el año pasado incrementar el límite legal de las cuotas que aportan los bancos, del 2 por mil al 3 por mil.

En total, poco más de 3.000 millones de euros para cubrir el nuevo esquema de protección de activos de Unnim y las nuevas pérdidas que afloren en la CAM e incluso en CCM, intervenida hace tres años.

De hecho, según se desprende de la memoria del FGD del pasado ejercicio, este organismo desembolsó 510 millones en 2011 para cumplir con el esquema de protección de activos que obtuvo Cajastur cuando tomó el control de la caja manchega y en 2010 deberá pagar otros 524 millones más para cubrir los saneamientos del banco.

Una vez completada la adjudicación de Unnim a BBVA, sobre la mesa del Banco de España la primera prioridad pasará a ser Banco de Valencia, un hueso aún más duro de roer, y posteriormente Novagalicia y CatalunyaCaixa.

Los grandes bancos ya le han hecho saber además a De Guindos que no se fusionarán sin ayudas con las entidades más débiles del sector, y al mismo tiempo hacer una derrama del FGD no es precisamente la opción preferida.

Aunque por el momento nadie quiere pronunciarse abiertamente, según comentan en privado algunas voces del sector financiero, la alternativa más del agrado de los bancos es la aportación de fondos públicos.

No obstante, el Gobierno no tiene intención de volver a inyectar dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a no ser que sea la única opción, ya que el uso de dinero a cuenta de los contribuyentes podría tener no demasiada buena acogida en la opinión pública tras los recortes aprobados con las primeras reformas del Ejecutivo de Mariano Rajoy, con la subida del IRPF y el abaratamiento del despido a la cabeza.

Sobre el tapete la posibilidad también de que el dinero proceda del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) o incluso del FMI, si bien en este caso podría afectar a la autonomía económica de España, al tratarse de facto de un rescate al Estado.

El FGD cubre hasta 100.000 euros por persona y entidad de los depositantes, y al mismo tiempo lleva a cabo las “actuaciones necesarias para reforzar la solvencia y el funcionamiento normal de las entidades”. Esta labor había sido llevada en los últimos años por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ha inyectado 7.551 millones de euros en las cajas de ahorros.

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