El Gobierno evitará legislar sobre la dación en pago, y se limitará a realizar un “código de buena práctica” para los procesos de ejecución hipotecaria, lo que dejará en manos de los bancos de manera “voluntaria” la decisión última sobre si las llaves de la casa saldan o no la deuda hipotecaria en casos de impago.
No obstante, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno intentará que se puedan acoger a la dación en pago a las familias en el “umbral de exclusión”, es decir, aquellas con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de la hipoteca en caso de primera vivienda.
“Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen”, ha asegurado el ministro en respuesta en una interpelación del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela Conesa en el Congreso.
De Guindos además ha adelantado que, dentro de este código de buena práctica para los procedimientos de ejecución hipotecaria, se permitirá durante al menos dos años habitar a estas familias en la vivienda antes del desalojo, aunque esta medida podría ser también prorrogable.
Asimismo, el dinero pagado por las familias en riesgo de exclusión reducirá el principal del crédito en caso de ejecución y no como hasta ahora, que iba a intereses. Los bancos también deberán asumir errores en las tasaciones de las garantías
El ministro de Economía ha anunciado también que el Gobierno va a acometer reformas legales para redefinir cuál es “el umbral de exclusión de desahucios”: primera vivienda y que todas los miembros de la familia estén en paro y sin ingresos.
El anuncio de De Guindos no incorpora ninguna novedad a la práctica habitual de las entidades, que normalmente prolongan lo máximo posible el tiempo hasta que desahucia a una familia. Según recuerdan fuentes del sector, en España, actualmente clientes y entidades pueden renegociar y mejorar las condiciones de sus hipotecas “gracias a las posibilidades que ofrece la legislación para la novación y subrogación de préstamos hipotecarios”. En ese sentido, algunos bancos ante “situaciones extremas” han puesto en práctica soluciones tales “como la de alquilar a un precio módico la vivienda ejecutada al titular del préstamo”.
Imponer por ley la dación en pago podría haber causado no pocos problemas al sector. Según ha recordado De Guindos, podría llevar a la merma del sistema de garantías y a que se produjeran efectos negativos en la concesión de créditos a futuro.
Las entidades incorporan la doble garantía de los préstamos (hipotecaria y personal) a las cédulas que emiten, lo que les permite obtener financiación más barata en los mercados mayoristas, y gracias a lo cual se traslada un menor coste también a los clientes cuando contratan su hipoteca. Por ello, rebajar las garantías de los préstamos acabaría afectando sobre todo a los ‘buenos pagadores’ y se endurecerían las condiciones para el 97% de las familias que atienden a sus pagos.
Ayer, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, aseguró que los bancos del país son partidarios de la dación en pago en caso de que sea una medida voluntaria para las entidades financieras. “Pueden hacerlo por razones humanitarias o lo que quieran”, señaló el presidente de la patronal bancaria, que recordó que algunas entidades ya han recurrido a esta fórmula para evitar que las familias desahuciadas sigan ligadas al pago de su crédito hipotecario.
“Sólo se han ejecutado aquellas hipotecas que no tenían más remedio que la ejecución”, aseguró Martín, que reconoció que las entidades financieras podrían hacer “algún esfuerzo más” para frenar esa oleada de desahucios.
