El ministro de Economía, Luis De Guindos, ha presentado hoy la reforma financiera que mañana aprobará el consejo de ministros, con un coste total de 50.000 millones de euros, pero que no obligará a las entidades a aumentar el flujo de crédito a empresas y familias, sino sólo a “mantenerlo” en el caso de las entidades que reciban ayudas públicas.
Esta reforma tiene como objetivo devolver la “credibilidad y confianza” de las entidades españolas, y permitir así la concesión de crédito a empresas y familias. Así, las entidades que reciban las ayudas “deberán mantener el crédito”, y al mismo tiempo el Banco de España controlará las retribuciones de sus órganos directivos. Guindos espera asimismo que se abarate el precio de los pisos y la banca “pueda centrarse en su negocio”, y no en el inmobiliario.
El punto clave será el saneamiento, “perfectamente asumible” según De Guindos, de los activos inmobiliarios en el balance de las cajas, que alcanzará los 50.000 millones de euros, y que se realizará en “base a las tasaciones actuales”. En concreto, y según el ministro, para los activos problemáticos se establece una provisión específica, con una dotación extraordinaria con cargo a resultados, por un importe próximo a 25.000 millones de euros.
Se prevé, asimismo, un colchón de capital del 20% sobre suelo y del 15% para promoción en curso, que irá con cargo a beneficios no distribuidos, ampliación de capital o conversión de híbridos (preferentes, bonos convertibles, deuda subordinada…), por un importe estimado en torno a 15.000 millones de euros.
En el caso de los activos no problemáticos ligados a promoción inmobiliaria se establece una provisión genérica del 7%, en previsión de un posible deterioro futuro. Esta provisión se realizará contra resultados y su importe estimado estará en torno a 10.000 millones de euros. La fecha límite para realizar la provisión específica, la genérica y la dotación de capital será el 31 de diciembre de 2012.
Tras la reforma, las provisiones específicas más el colchón de capital cubrirán un 80% de los activos problemáticos (hasta ahora el 31%) en el caso del suelo, sin distinguir entre urbano y rústico; el 65% en el caso de las promociones en curso (antes el 27%) y el 35% en promoción terminada y vivienda (antes el 25%).
Una vez realizado este esfuerzo de saneamiento, se volverá a la circular de 2004 en enero de 2013, que exige unas provisiones que oscilan entre un 20% para las viviendas terminadas que son residencia habitual del prestatario y un 50% para parcelas y solares urbanizables.
Las entidades podrán aplazar en un año estos saneamientos siempre que acepten entrar en un proceso de fusión o se encuentren en uno iniciado después de septiembre de 2011.
El Gobierno quiere que el proceso sea rápido: antes del 30 de mayo, las fusiones deberán haber sido presentadas al Banco de España, antes del 30 de septiembre estar aprobadas por los órganos de gobierno de las entidades y estar completadas antes del uno de enero de 2013.
Al mismo tiempo, el plan incluye la compra por parte del Estado de bonos contingentes convertibles, los populares ‘CoCos’, emitidos por las entidades que acepten entrar en un proceso de fusión.
El propósito es que el Estado compre estos títulos, que se convertirán obligatoriamente en acciones si el core capital del banco fusionado bajase del umbral del 8%. Para tal contingencia, el Tesoro emitirá 15.000 millones de euros de deuda, que no tendrá impacto sobre el déficit público. No obstante, De Guindos ha defendido que “no se utilizarán recursos públicos” para rescatar a las entidades, ya que la compra de estos instrumentos conllevará un interés acorde a los precios del mercado que deberán pagar las entidades.
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