Cataluña y Andalucía luchan a contrarreloj para cerrar la venta de más de 100 inmuebles con los que esperan recaudar unos 900 millones de euros para hacer frente a sus elevados déficits presupuestarios y obtener liquidez.
Ambas operaciones, que podrían suponer la primera gran prueba del apetito de los inversores por el maltrecho sector inmobiliario, se han retrasado por las dificultades para obtener financiación.
Según han asegurado fuentes de la Generalitat al diario The Wall Street Journal, el Gobierno autonómico catalán están mucho más cerca de cerrar la venta de los 27 edificios en el centro de Barcelona que ha puesto a la venta, entre ellos el de la Bolsa de Barcelona. El Ejecutivo de Artur Mas negocia con firmas de inversión Moor Park Capital Partners, de Reino Unido, y Och-Ziff Capital Management Group LLC, de EEUU, y espera recaudar unos 500 millones de euros.
Según asegura el diario estadounidense, que cita a fuentes de la Generalitat, si la venta no se cierra antes del 31 de enero, no se cerrará, porque no habrá más prórrogas.
El Gobierno de Andalucía, por su parte, ha retrasado la venta por 400 millones de euros de 76 edificios en Sevilla, Córdoba y otras ciudades de la región por tres meses hasta finales de marzo.
Los edificios que pretende vender Andalucía incluyen sedes gubernamentales en varias ciudades, un palacete del siglo XIX en el centro de Cádiz y la emblemática torre Schindler, construida en Sevilla a la orilla del río Guadalquivir para la Exposición Universal de 1992.
Las ventas de oficinas en España se desplomaron en 2009, con una caída del 75% a 1.200 millones de euros, según los datos de la firma de análisis Real Capital Analytics. La actividad se ha mantenido en niveles bajos en 2010 y 2011.
Otras regiones están siguiendo de cerca estas ventas y muchas de ellas tienen las mismas necesidades de liquidez y se encuentran con dificultades para pagar a sus proveedores e incluso a sus trabajadores. Estas operaciones incluyen el compromiso de los vendedores de permanecer en los inmuebles como inquilinos durante 25 años.
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