Caja Segovia ha sido una de las entidades financieras que más se ha visto salpicada por la polémica de lo que perciben sus consejeros después de que varios de ellos no hiciesen pública la cifra cuando el Banco de España lo exigió a finales del año pasado. Fuentes de esta caja consultadas por EL BOLETÍN han desmentido que se quisiese ocultar nada tras afirmar que esa información es «pública» y que, como tal, saldrá a la luz con todo lujo de detalles en el informe anual del 2011.
Por lo que ha podido saber este periódico, dicho informe aún no ha sido elaborado. El 31 de diciembre, fecha límite para presentar las cantidades asignadas a altos directivos requeridas por el Banco de España, en las casillas de tres consejeros y dos exdirectores generales del propio informe de retribuciones publicado por Caja Segovia se especificaba que no se había logrado el consentimiento al respecto, con la indicación entre paréntesis «normativa de protección de datos».
En un comunicado difundido a los medios de comunicación poco después, la entidad aseguraba no obstante que dicha información consta en los organismos correspondientes de la entidad con el desglose requerido e incide en que la publicación de las cuantías asignadas a miembros de la misma fue imposible en algunos casos por la «perentoriedad» con que se requirió la autorización de cada uno de los consejeros, y no porque éstos se negaran a darlas a conocer. En otras palabras; que no hubo tiempo de contactar con estas personas para que tuviesen todo en orden antes de la fecha impuesta.
Estos tres consejeros abandonaron el cargo en 2011: son el hoy senador del PP Javier Santamaría, el empresario Juan Manuel de la Puente y el representante de CCOO Eduardo Aguado. En relación a este último, el sindicato remitió ayer un comunicado para explicar que nadie se había puesto en contacto con el tiempo suficiente con él para trasladar dicha información, al tiempo que informó de que su remuneración ascendía a 8.700 euros en 2011.
«En ningún caso consta que se haya negado la autorización a publicar los datos sobre sus retribuciones, sino que no se ha podido contactar con los interesados para recabar su pertinente autorización. No obstante ello, con posterioridad, todos ellos han conformado esta autorización manifestando, de esta forma, la excepcionalidad de la novedosa norma», señalaba el comunicado de la entidad, que advierte de que en los medios de comunicación se han vertido comentarios «que distorsionan la realidad».
