La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha abierto un expediente informativo para esclarecer si algunas de las comercializadoras de último recurso de la electricidad están traspasando a clientes con derecho a acogerse a la tarifa de último recurso (aquellos con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios y que, según la patronal Unesa, ascienden a 23 millones de usuarios) a empresas que no pueden ofrecerla.
La CNE pretende analizar si se trata de un caso aislado o bien de una práctica generalizada que resultaría contraria a la normativa en vigor.
