Los cabos sueltos en la reestructuración de las cajas, con los necesarios cambios en los consejos de administración y las nuevas leyes autonómicas aún en el aire, siembran de incertidumbre el sector en la recta final para las salidas a Bolsa. Los inversores institucionales se cargan de argumentos para exigir fuertes descuentos en estas operaciones, que podrían cerrarse en 0,4 o 0,5 veces su valor en libros.
Pese a la presión del banco de España para que se cierre lo antes posible, aún quedan demasiados flecos que recortar en el proceso de reestructuración, sobre todo desde el punto de vista legal, ya que numerosas autonomías aún no han aprobado sus respectivas leyes de cajas para adecuarlas a la Ley estatal. Los nuevos textos deberán profesionalizar los órganos de gobierno de las entidades con la eliminación en los mismos de los cargos públicos, lo que podría desembocar en la salida de gran número de los consejeros en un momento crítico.
Es el caso que se observa en algunas autonomías que sí han adaptado el texto, como Galicia, donde la nueva norma impedirá que ninguno de los 22 consejeros que tiene actualmente Novacaixagalicia pueda ser consejero del banco de la entidad. Así se desprende del artículo 28 de la Ley de cajas, que establece que “los miembros de los órganos de gobierno no podrán estar vinculados a la caja de ahorros o a empresas participadas por esta en más de un 20% directa o indirectamente, o en las que ejerza una posición de dominio, por contratos de obra, servicios, suministros, trabajos retribuidos o puestos en órganos de gobierno durante el período en el que ejerzan esta condición y en los dos años siguientes a su cese, excepto la relación laboral cuando la condición de consejero general recaiga en un empleado”.
La única alternativa para que los actuales consejeros logren un puesto en el nuevo consejo será que la caja controle menos de un 20% del banco, que quedaría en manos de los inversores institucionales y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
En la Comunidad valenciana se da un caso similar, ya que el decreto publicado ayer mismo por el Consell obliga tanto a Bancaja, principal socio de Caja Madrid en Bankia, como a la CAM a recortar sus asambleas a la mitad en los próximos dos años, aunque el proceso podría prolongarse hasta 2016. En concreto, según la norma, el número máximo de consejeros generales se fijará entre 50 y 100 para las entidades, por los 200 y 176 que tienen actualmente Bancaja y la CAM. Fuentes legales consultadas por EL BOLETÍN consideran que los órganos de gobierno de las cajas están abocados a la desaparición, ya que están vacíos de contenido con la bancarización del sector, pero el proceso llevará un tiempo todavía, frente a las prisas del mercado.
Pese a que los gobiernos autonómicos se han visto apartados de la administración de las cajas por la Ley aprobada por el Ejecutivo de Zapatero, lo cierto es que las autonomías aún tienen competencia sobre las entidades, algo que causa especial confusión en el caso de las fusiones interregionales. En ese sentido “es inevitable un drenaje de las competencias autonómicas en tema de supervisión financiera”, según reconoció el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), en un reciente encuentro del sector financiero celebrado en Madrid.
Necesidad. Nuria Álvarez, analista de Renta 4, apunta además que las cajas se ven ante la “necesidad” de salir al mercado, lo que “les resta capacidad de negociación” ante los inversores institucionales en un sector aún repleto de “incertidumbres”. A la nueva regulación internacional de Basilea III y a la exposición inmobiliaria, comunes a todo el sector financiero español, se suman las características propias de las cajas. Por un lado, el proceso de concentración aún está en marcha, lo que previsiblemente afectará a las cuentas de resultados. Por el otro, las cajas tienen un negocio básicamente doméstico, en un momento en que el crédito continúa en caída libre y no se espera una recuperación a corto plazo.
Por ello, en el binomio rentabilidad / riesgo las cajas se verán obligadas a salir a precios muy bajos. Ni siquiera la extensa red de sucursales y la cercanía con el cliente les servirán de bazas para subir el precio, ya que los inversores minoristas pagarán el mismo que los institucionales. La CNMV ya ha avisado de que las cajas deberán colocar al menos un 40% de sus nuevas acciones entre inversores institucionales. Álvarez señala además el riesgo de que si el precio de salida de las cajas es muy bajo, acabe teniendo efectos perjudiciales a corto plazo sobre la banca mediana, que actualmente cotiza a una media de 0,8 veces su valor en libros.
Bankia, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum y el nuevo banco creado por Cajastur son las entidades que han expresado su intención de salir a Bolsa, aunque por el momento la delantera la lleva Bankia, por lo que su debut será la prueba de fuego del sector.
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