Algunos bufetes de abogados han encontrado un nuevo negocio en la crisis de Nueva Rumasa. Al menos eso es lo que se desprende tras analizar las redes sociales de mayor tirón y los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, donde cada vez son más los juristas que ofrecen sus servicios a los afectados por la situación financiera del grupo de la abeja.
Tal y como anunció EL BOLETÍN, los inversores que confiaron sus ahorros a Nueva Rumasa ya habían recurrido a algunos grandes bufetes españoles para recuperar su patrimonio, una tendencia que se ha extendido entre los proveedores de la empresa de la familia Ruiz-Mateos. Sin embargo, la magnitud del problema ha llevado a otros bufetes a publicitarse para captar clientes, como Iure Abogados, ARAG.
Según ha comentado un portavoz de Iure Abogados a este diario, crearon un grupo de trabajo para estudiar la situación de la empresa cuando surgieron las primeras alarmas, ya que su especialidad es el derecho concursal y preveían que los afectados contactasen con ellos para recuperar sus inversiones.
Este bufete también ha señalado que el volumen de trabajo es muy grande, ya que cada caso es particular. Según el portavoz, cada persona tiene un contrato diferente con el grupo que requiere distintas acciones legales, aunque ha señalado que la inversión media de los afectados que han contactado con ellos oscila entre los 50.000 y 100.000 euros.
Otro de los despachos que ha iniciado su particular carrera por la conquista de los afectados es ARAG. Este despacho ofrece sus servicios a través de su blog, que ha enlazado a las conversaciones que existen sobre el grupo en Twitter, y donde ha creado una entrada exclusiva en la que informa sobre la situación del grupo.
Mientras tanto, las últimas novedades sobre la situación de la empresa se centran en Dhul, una de las firmas estrella del grupo, ya que podría presentar el concurso voluntario a lo largo de la semana. Según publica Expansión, Joaquín Ivancos, abogado de la familia Ruiz-Mateos, acudió ayer al Juzgado de lo Mercantil de Granada, donde se encuentra la sede de esta firma, para iniciar los trámites de este procedimiento, un camino que además podrían seguir el resto de empresas del grupo que se acogieron al preconcurso, que ya ascienden a 16.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una prórroga adicional de seis meses para continuar con la investigación de pagarés de Nueva Rumasa, ya que el plazo legal para llevar a cabo estas diligencias, que es de un año, finaliza el próximo 8 de marzo. No obstante, la Fiscalía ha descartado presentar una querella por estafa en la emisión de pagarés contra el grupo de Ruiz-Mateos.
