Las ‘prejubilaciones’ financieras acordadas por las cajas y los sindicatos hasta ahora se llevarán a cabo a través de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), algo que supondrá una carga extra para las arcas públicas ya que el Estado tendrá que pagar, durante dos años, los subsidios por desempleo que les correspondan a los trabajadores que se acojan a esta medida. Aunque fuentes de CCOO han asegurado a este diario que los ERE no son habituales en el sector y que hay que tomarlos como algo “excepcional”, Jesús Banegas, candidato a la presidencia de la CEOE, ha dicho a este diario que no hay otras posibilidades para reducir las plantillas de estas entidades y que la culpa de que se haya tomado la decisión de aplicarlos es del “mercado laboral”.
Si las cajas quieren acceder a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tendrán que reducir sus plantillas, cifra que si llega al 20% anunciado por UGT podría suponer la salida de unos 26.400 trabajadores el próximo año. Hasta el momento, las cajas han acordado prejubilaciones que afectan a 12.000 empleados que cobran un salario bruto anual de unos 60.000 euros, aunque el dinero que percibirán tras el ajuste no será tal. Según fuentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), sindicato que no ha firmado los acuerdos firmados hasta ahora por las cajas que se unieron bajo el Sistema Institucional de Protección (SIP), estos trabajadores recibirán el 85% de la retribución fija neta.
Las salidas de asalariados a través de ERE permitirán a las cajas realizar un importante ahorro, aunque según CGT, cuando finalicen los dos años de paro y hasta el momento en que los ex trabajadores cumplan la edad de la jubilación, estas entidades pagarán una cotización especial a la Seguridad Social para que los trabajadores no pierdan sus derechos de cara al sistema de pensiones.
Este gasto extra para las arcas públicas representa casi el doble de los 1.400 millones que ha destinado la administración desde agosto de 2009 para pagar las prestaciones por desempleo de 426 euros, ayudas que recibían los parados de larga duración que ya habían agotado el subsidio ordinario y que el Gobierno suprimió a principios de este mes para contener el gasto público, a pesar de que esta cantidad supone el único ingreso con el que cuentan sus 300.000 beneficiarios.
El gasto en cifras
-El 51% de la supresión de los 426 euros.
-El 55,5% de la congelación de las pensiones.
-El 46,2% de la supresión del cheque bebé.
-Y el 42,5% de la racionalización del gasto farmacéutico.
-Además, el gasto que afrontará el Estado supone el 23,1% de las ayudas concedidas por el FROB a las cajas (11.681 millones).
