Florentino Pérez ha puesto en venta hasta el último de los activos de energías renovables de ACS, tanto registrados como ‘prerregistrados’ (los que sólo cuentan con las licencias) La decisión, que afecta a 1.757 megavatios (MW) eólicos y termosolares, coincide con los compases finales de la tramitación del nuevo Real Decreto que regulará en España la producción de energía eléctrica en régimen especial.
Precisamente, el Consejo de Estado, en su reunión de ayer, departió sobre las modificaciones a incluir en el borrador de este Real Decreto y hoy mismo ha enviado sus conclusiones y recomendaciones al Ministerio de Industria, quien ahora deberá elaborar el texto final y presentarlo en el Congreso.
La Comisión Nacional de Energía (CNE), por su parte, ya había remitido en semanas anteriores sus sugerencias. Fruto de las recomendaciones del regulador energético, el departamento que dirige Miguel Sebastián decidió borrar parte del articulado que buscaba imponer un límite temporal al traspaso de la titularidad de las plantas de producción. Con estas medidas se pretendía evitar la entrada de meros intermediarios y especuladores en el sector.
En consecuencia, también se limitaría el traspaso de la ‘producción prerregistrada’, es decir, la compraventa de concesiones para construcción y explotación de nuevos parques de producción energética. Estos cambios en el borrador han hecho que surjan nuevas dudas en el sector.
La nueva norma, no tendrá carácter retroactivo, algo que permitiría a ACS evitar las nuevas condiciones en el caso de que materialice antes la venta. Pero no lo tendrá fácil. Florentino Pérez deberá lidiar con un mercado desencantado de las renovables por las cuestiones sobre el déficit tarifario, la situación general de la economía y el recorte de primas. Analistas consultados por este periódico apuntan a que el precio de venta deberá contemplar descuentos de entre el 40% y 50% respecto a la capacidad productiva real ofertada para resultar atractivo a los inversores.
ACS podría ingresar unos 4.000 millones de euros con la operación que irían destinados a sanear su deuda (9.077 millones), y daría alas a la constructora para comprar acciones de Iberdrola, o evitar el argumento legal por que el la eléctrica le impide sentarse en su consejo.
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