Entre los múltiples frentes que tiene abiertos el Gobierno, inmerso en varias medidas cuanto poco menos populares, no uno de los menos graves es el de las participaciones preferentes de las cajas nacionalizadas, en las que han quedado atrapados cientos de miles de clientes. No obstante, el ministro de Economía, Luis De Guindos, ya se ha puesto manos a la obra para intentar minimizar los costes políticos para el Ejecutivo de la quita impuesta por Bruselas.
En ese sentido podría enmarcarse el anuncio realizado hoy por el titular de Economía de que el Gobierno articulará un procedimiento de arbitraje para los tenedores de productos híbridos de Bankia, entre ellos las preferentes, al estilo de los que han llevado a cabo la Xunta gallega con Novagalicia o la Generalitat catalana con CatalunyaCaixa.
No obstante, esta vía solo servirá para los “casos más flagrantes” y cuando se demuestre que hubo “mala praxis”, es decir, que el comprador no estaba en condiciones de entender el producto. El arbitraje es una forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria, por lo que se espera que de este modo se agilice lo máximo posible el encuentro de soluciones para los clientes. En concreto, desde que comienza el proceso hasta que el afectado tenga una resolución pasará entre un mes y medio y dos meses.
El primer paso que deben tomar los clientes es acudir a la oficina de consumo que tengan en su localidad, o, en su defecto, al propio ayuntamiento, para presentar la solicitud y entrar en el proceso de arbitraje, que en ningún caso supondrá un coste para los afectados. El Gobierno tendrá que designar unos árbitros que concluyan si existió estafa o no.
El anuncio ha sido acogido también de forma “favorable” por la propia Bankia, que ha señalado que su dirección “ha trabajado intensamente para tratar de conseguir la mejor solución posible para sus clientes”.
Los tenedores de preferentes que no puedan acogerse a los arbitrajes perderán de media un 40% de su inversión, según ha señalado también hoy Guindos, que ha destacado que la quita que se aplicará finalmente será muy inferior a la prevista cuando el Gobierno firmó el Memorando de Entendimiento (MoU) para el rescate bancario, ya que Bruselas exigía que el canje se realizase a precios de mercado. Algunos de estos títulos han llegado a cotizar en los últimos meses con descuentos de hasta el 90%.
