Así lo han señalado en declaraciones a EL BOLETÍN fuentes conocedoras de la situación, que han destacado que la institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez elegirá “profesionales contrastados del sector que ya no estén vinculados a una entidad”, probablemente tras haberse “jubilado”. Ese fue el criterio escogido para gestionar Cajasur en el momento de ser intervenida hace ahora algo más de un año, cuando el Banco de España nombró a José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña y Francisco Orenes Bo como gestores.
Iturriaga había sido inspector del Banco de España desde 1984 a 1989, y posteriormente pasó al sector privado como director de Auditoría Interna del Banco Zaragozano. González Peña, por su parte, llegó a ser director de banca corporativa para España y Portugal del Santander Central Hispano, mientras que la carrera de Orenes estuvo ligada al Banco de Murcia, que se fusionó en 2002 con Banco de Valencia, hoy perteneciente a Bankia.
No obstante, los tres gestores nombrados en ese momento tenían un marcado carácter provisional, ya que en apenas unos meses la entidad cordobesa fue entregada a BBK tras la pertinente subasta. En el caso actual, sin embargo la inyección de dinero público dentro de las cajas de ahorros provocará que el Fondo de reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) deba nombrar nuevos consejeros para las entidades que sean intervenidas por un plazo de aproximadamente cinco años, límite máximo que se ha dado el fondo de ayudas públicas para desprenderse de sus participaciones.
Aunque no se conocerá el número exacto de consejeros ni sus nombres hasta que se realicen las inyecciones, sí se conoce que la CAM, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Unnim, las cuatro cajas que han solicitado ayudas al FROB, deberán efectuar un drástico recorte a los consejos de administración que tienen actualmente, y que afectará al menos a la mitad de sus miembros.
Según el decreto de solvencia aprobado en febrero por el Gobierno, dentro de las normas de “buen gobierno” que deberán cumplir todas las cajas que acudan al fondo, “el número de miembros del órgano de administración no será inferior a cinco, ni superior a quince”. De ellos “al menos un tercio serán consejeros independientes”, según la normativa.
Ninguna de las cuatro cajas cumple con estos dos requisitos. Unnim, nacida de la fusión de Caixa Sabadell, Caixa Manlleu y Caixa Terrassa, tiene 24 consejeros en su máximo órgano de gobierno. La entidad, que necesita 568 millones de euros, ha reconocido la posibilidad de tener que acudir al FROB, aunque negocia a contrarreloj para encontrar alguna alianza.
22 consejeros tiene la gallega Novacaixagalicia, con un agujero de 2.622 millones de euros. En el caso de la caja gallega, además, la ley autonómica impide que ninguno de los actuales miembros del consejo de la caja lo podrán ser del banco que se cree para dar entrada al FROB. Mientras, Catalunya Caixa mantiene en su consejo 21 miembros. La catalana necesita 1.718 millones de euros.
En el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), el número de consejeros asciende a 20, ninguno de ellos, como en los casos anteriores, independiente. La caja alicantina ha solicitado 2.800 millones de euros al FROB, la mayor solicitud de todo el sector, que supondrá su práctica nacionalización si no encuentra antes un socio comprador.
No obstante, la nueva ley deja vericuetos abiertos para poder soslayar la marcha de estos consejeros. Según explican los expertos consultados por EL BOLETÍN, el límite de consejeros se aplicará al nuevo banco que se constituya, y no al órgano de gobierno de la propia caja, por lo que en principio los actuales miembros podrían mantener sus puestos, aunque alejados de todo poder de decisión sobre el negocio financiero. El caso es similar al ocurrido dentro de las integraciones con las asambleas de las cajas, que se han mantenido intactas a pesar de haber quedado vacías de responsabilidades.
