Los sistemas institucionales de protección (SIP) o ‘fusiones frías’ se han convertido en la opción preferida de las cajas de ahorros para la reestructuración del sector. Estas operaciones, caracterizadas porque permiten mantener la naturaleza jurídica y la independencia de cada una de las cajas participantes, salvaguardando sus intereses regionales y su obra social, son vistas, sin embargo, con recelo desde algunos sectores ya que podrían suponer un primer paso para una privatización de las entidades.
Las ventajas de estas alianzas son que proporcionan un mejor acceso al mercado de capitales para obtener liquidez, una mejor valoración de las agencias de ‘rating’ y una gestión más robusta y con un control interno más eficaz. Además, permiten soslayar los vetos políticos al permitir que las cajas mantengan sus órganos de gobierno y su identidad regional.
Sin embargo, al mismo tiempo suponen la creación de una nueva entidad que agrupa el negocio de los socios participantes y que funciona a través de una ficha bancaria, lo que abre la puerta a una privatización de facto, según han denunciado algunos sectores. La última alianza anunciada hasta el momento es la que este mismo lunes suscribieron Caja de Ahorros del Mediterráneo, (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.
El nuevo grupo contará con más de 135.000 millones de euros en activos, sólo por detrás de Santander, BBVA, La Caixa y Caja Madrid. Tanto la CAM como Cajastur participarán en un 40% en la nueva entidad, mientras que Caja Extremadura controlará un 11% y Caja Cantabria, la más pequeña de las cuatro, un 9%.
La operación requerirá de 1.600 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La primera ‘fusión fría’ fue la anunciada el año pasado por Caja de Ahorros de Navarra (CAN) y Caja General de Canarias, a la que finalmete se unió Caja Burgos. La CAN tiene una participación accionarial de un 41%, CajaCanarias de un 30% y Caja de Burgos de un 29%. Este SIP, que opera bajo el nombre de Banca Cívica, sigue abierto a la entrada de nuevas entidades y gestiona activos por valor de 45.930 millones de euros. Ayer mismo, los consejos de administración de Caja de Ávila y Caja Segovia estudiaron su entrada en el grupo, aunque finalmente desestimaron la opción.
Otra entidad que estudió su incorporación a Banca Cívica fue Sa Nostra.
La entidad balear, que reúne a su Consejo de Administración hoy, está a punto de cerrar un acuerdo con Cajamurcia, Caja Granada y Caixa Penedés para crear un SIP que contará con unos activos superiores a los 72.000 millones de euros. La prensa local ha especulado además con la posibilidad de que a esta operación se sume Caja Badajoz. Aunque aún no se conoce el reparto de poder, Caixa Penedés es la mayor de las cuatro entidades, con 23.042 millones de activos.
Hoy también se ha conocido que Caja Castilla-La Mancha (CCM) celebrará el próximo 30 de junio una asamblea ordinaria y extraordinaria para estudiar su absorción por Cajastur a través de Banco Liberta, y su transformación en Fundación, que se dedicará a obra social, según un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Banco Liberta, en el que CCM tendrá una participación del 25%, alcanzará un valor de mercado, después de su capitalización, de 1.800 millones de euros, según publica la agencia EFE.
De aprobarse la operación, a partir del 1 de enero de 2010 las operaciones de CCM relativas al patrimonio segregado se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de Banco Liberta.
