La decisión del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de adelantar las elecciones gallegas, atrasará hasta la próxima legislatura la comisión de investigación que debe esclarecer la gestión de las cajas de ahorros gallegas, unidas en la nacionalizada Novagalicia, así como las millonarias indemnizaciones percibidas por sus ex directivos.
La semana pasada, Feijóo solicitó formalmente, junto a todo el grupo del PPdeG, que se habilitase lo que quedaba de mes de agosto a efectos parlamentarios con el fin de que se pudiese constituir la comisión de investigación sobre la gestión de las cajas de ahorro. Sin embargo, hoy mismo ha señalado durante la rueda de prensa posterior a su anuncio del adelanto electoral al 21 de octubre que esta comisión será “la primera que se establecerá en cuanto comience la nueva legislatura”.
La fusión de Caixanova y Caixa Galicia fue un proyecto personal de Feijóo, que temía que la reestructuración del sector financiero dejase a ambas entidades en manos de otros grupos más grandes, y perdiesen así su ‘galleguidad’. La operación contó con las reticencias tanto del Banco de España, como de las propias entidades, ya que se producía un amplio solapamiento de redes, pero finalmente salió adelante in extremis.
La entidad resultante, Novacaixagalicia, fue nacionalizada el 30 de septiembre del año pasado, por lo que perdió el control del banco al que traspasó su negocio financiero y está abocada a convertirse en una fundación de carácter especial. En ese sentido, el adelanto electoral tampoco permitirá aprobar el texto que refuerza el control de la Xunta sobre la fundación de la caja y su obra social.
El texto impulsado por el Ejecutivo gallego preveía que la fundación esté dirigida por un patronato de 12 miembros elegido a partes iguales por la Xunta (cuatro miembros), el Parlamento (otros cuatro) y las entidades fundadoras de las cajas, que elegirán los cuatro miembros restantes.
Frente a los actuales consejos de administración y asambleas, las fundaciones están dirigidas por un patronato, órgano al que corresponde “cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos”, según la propia definición que da el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Los patronatos están constituidos por un mínimo de tres miembros que elegirán entre ellos un presidente. También es indispensable el puesto de un secretario, que podrá ser ajeno al patronato, en cuyo caso tendrá voz pero no voto en las decisiones que se adopten.
