El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la Ley de Cajas gallega por lo que suspende los preceptos impugnados. Entre estos puntos se encuentran los que se refieren a las mayorías necesarias para autorizar una fusión, la capacidad de que la Xunta acepte o vete la integración de una caja gallega en un sistema institucional de protección (SIP) o la renovación de los órganos de dirección.
Ahora, el Constitucional deberá ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses, aunque podría alcanzarse una solución antes, si finalmente el Gobierno y la Xunta llegan a un acuerdo.
Tras haber celebrado ya tres reuniones, ambos ejecutivos tienen previsto reunirse de nuevo el martes, y fuentes cercanas a las negociaciones ha señalado a EL BOLETÍN que el Gobierno es optimistas de cara a la interlocución con la Xunta, y que si finalmente se llega a un acuerdo, el Ejecutivo central retirará el recurso tan pronto como el Parlamento gallego apruebe la reforma necesaria. Actualmente, ya se han alcanzado acuerdos en siete de los 10 puntos en discordia entre los gobiernos regional y central. Entre los que aún enfrentan a ambos ejecutivos se encuentra la posibilidad de que la Xunta tenga capacidad de veto sobre las fusiones interregionales.
La reforma de la Ley gallega de cajas fue aprobada el pasado diciembre en el Parlamento de Galicia, con los votos a favor del PPdeG y BNG y el rechazo del PSdeG. Este texto es fundamental para que se lleve a cabo la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, impulsada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y que cuenta con la reticencia de ambas entidades, sobre todo por parte de Caixanova. Además, el plazo para acceder al FROB termina en junio, por lo que de no desbloquearse el texto, se imposibilitaría el acceso a las ayudas públicas estatales. En Vigo, sede de Caixanova, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha llegado a apoyar manifestaciones en contra de la fusión y el nuevo texto legal.
La comisión electoral de Caixanova, constituida para dirigir la renovación de sus órganos directivos, decidió ayer suspender de forma provisional el proceso, a la espera de que se resuelva el conflicto abierto con el Gobierno central. Abel Caballero desveló que la comisión electoral de la caja de ahorros envió ayer una comunicación oficial por escrito al consistorio vigués mediante la cual le informaba de que dicha renovación quedaba “sin efecto hasta nuevo aviso”.
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