La PAH considera que “todos los procedimientos de ejecución hipotecaria son ilegales y, por tanto, todos los desahucios desde 1995 lo son”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) vuelve a la carga contra la cláusula de vencimiento anticipado, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció el pasado 26 de enero. La plataforma avisa de que mañana martes 7 de marzo “estará en todos los juzgados del territorio español, exigiendo el archivo de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria”.
En un comunicado, la PAH destaca que el TJUE ha sentenciado “en numerosas ocasiones la ilegalidad y la falta de adecuación” a la normativa europea de los procedimientos de ejecución hipotecaria en España.
La última vez, el 26 de enero, en una sentencia en la que, a juicio de la plataforma, el tribunal “no sólo deja en evidencia la posición de algunos jueces y tribunales, reticentes a archivar las ejecuciones hipotecarias por las numerosas cláusulas abusivas esenciales en la práctica totalidad de los contratos, sino que también se reitera en la posible responsabilidad por daños a particulares por las vulneraciones del Derecho Comunitario imputables al órgano jurisdiccional nacional”.
En esta sentencia, el TJUE viene a decir que la cláusula de Vencimiento Anticipado es “ilegal y nula”, destaca la PAH. Esta cláusula la contienen todas las hipotecas y permite a la banca reclamar al hipotecado la totalidad de la deuda pendiente, más los intereses correspondientes, una vez que el cliente ha dejado de pagar tres cuotas, o en muchos casos, sólo una, desencadenando el proceso de ejecución hipotecaria. El caso analizado en la sentencia del TJUE, presentado por un juez de Santander, cuestiona que el impago de siete mensualidades de un total de 564 cuotas mensuales de las que constaba la hipoteca fuese suficientemente grave como para aplicar el vencimiento anticipado.
Por esta razón, la PAH considera que “todos los procedimientos de ejecución hipotecaria son ilegales y, por tanto, todos los desahucios desde 1995 lo son”. “También tenemos argumentos contundentes para defender que el Gobierno debe proponer todos los cambios legislativos en todas las leyes necesarias para que el ordenamiento jurídico español se adecúe al 100% a la legislación europea, sin más parches y sin más dilaciones”, concluye.
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