Los funcionarios han perdido un 13% de capacidad adquisitiva en los últimos cinco años, según la Federación de Servicios Públicos de UGT. En España “hay 395.000 trabajadores y trabajadoras en situación de interinidad y temporalidad ocupando puestos de trabajo estructurales”. Esta es una de las principales denuncias de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que advierte que entre el personal estatutario del Sistema Nacional de Salud la temporalidad afecta al 36,5% del personal; entre el personal al servicio de las Administraciones autonómicas es del 25,5% y entre el personal del ámbito docente no universitario es del 21% y en la administración de Justicia del 23,8%.
Sin embargo, a pesar de estos datos, “el Gobierno no tiene interés en hablar de temporalidad porque es un tema de carácter básico”, según el secretario general de la FeSP-UGT, Julio Lacuerda.
Pero la temporalidad no es lo único que lastra la calidad del empleo público. Según UGT, la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los funcionarios desde el año 2012, en términos generales, asciende al 13,3%. Solo en el año 2016 se han perdido dos puntos, situación que puede volver a reproducirse en 2017, advierte el sindicato. Además, las cuantías de las retribuciones básicas (salario y trienios) y alguna complementaria (destino) son similares a las tablas salariales de 2007.
“Queremos recuperar el poder adquisitivo perdido” por los recortes salariales, las congelaciones y la supresión en el abono de determinadas retribuciones, insiste UGT, que pide para 2017 una subida en línea con el IPC y cláusula de revisión, “junto con el compromiso de recuperación paulatina del poder adquisitivo a lo largo de la presente legislatura”.
“Consideramos nuestra propuesta ajustada al techo de gasto social acordada en sede parlamentaria, pues una punto de incremento salarial supone, aproximadamente, 1.000 millones de euros, lo que ofrece margen suficiente para mejorar las condiciones retributivas de los empleados públicos”, asegura el sindicato.
Más gasto social
Por otro lado, UGT apuesta por incrementar el gasto social en los servicios públicos más esenciales para la ciudadanía (Sanidad, Educación, etc.), acercando su porcentaje sobre el PIB a la media europea y recuperando los objetivos primordiales de la Ley General de Sanidad y la Educación Pública.
El Programa de Estabilidad 2016-2019, hace notar UGT, prevé que el conjunto de servicios públicos tendrá una incidencia porcentual sobre el PIB de -3,25% desde 2015 hasta el 2019, lo que se traduce en un menor gasto para estas funciones.
Más empleo
Por último, UGT considera “urgente crear empleo público neto”, superando las actuales tasas de reposición. También desbloquear los procesos de consolidación de efectivos de personal interino dado que el Gobierno, en un papel de empleador, no ha contribuido en absoluto a reducir el paro en nuestro país.
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