A cierre de 2016, existían un total de 7.776 procedimientos civiles por la salida a Bolsa y operaciones de compras de acciones posteriores. Hasta un 86% de los inversores institucionales que han llevado a los tribunales a Bankia por la salida a Bolsa ha ganado la batalla legal al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, que no obstante ha recurrido buena parte de las sentencias desfavorables, según consta en el informe de las cuentas anuales de 2016 que la entidad ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De acuerdo con el documento remitido al regulador, “hasta el 31 de diciembre de 2016, se han notificado 44 sentencias de inversores institucionales (11 personas físicas y 33 personas jurídicas), de las que en primera instancia seis han sido favorables (cinco personas jurídicas y una persona física), 30 han sido desfavorables y 20 han sido recurridas en apelación. Así mismo, se han dictado dos sentencias desfavorables referentes a personas físicas y seis sentencias desfavorables de personas jurídicas, por diversas Audiencias Provinciales”.
Al 31 de diciembre de 2016 existían un total de 7.776 procedimientos civiles en materia de acciones derivadas de la salida a Bolsa y de compras de acciones posteriores, así como determinadas reclamaciones extrajudiciales.
Para hacer frente a los riesgos legales, el grupo ha utilizado ya provisiones por un importe de 1.780,3 millones de euros, de los que 736 millones han correspondido a Bankia (534 millones en concepto de nulidad por devoluciones de acciones y 202 millones en concepto de indemnizaciones, intereses y costas) y 1.044,3 millones han correspondido a BFA. Bankia y su matriz habían suscrito un convenio por el que Bankia asumía un tramo de primera pérdida del 40% del coste estimado, correspondiendo en consecuencia el restante 60% a BFA, “por lo que la contingencia asociada a los inversores minoristas que suscribieron acciones en la OPS se considera prácticamente resuelta”, señala el banco.
En opinión de los administradores, la provisión constituida al 31 de diciembre de 2016 “cubre suficientemente los importes a los que tuviera que hacer frente como consecuencia de los procedimientos civiles en curso”. En todo caso, “las hipótesis más relevantes y por tanto aquellas cuyas variaciones pudieran tener un mayor impacto en el importe de la provisión, son el número de reclamaciones a recibir, las expectativas en cuanto a su resolución y el perfil de los demandantes, dadas las incertidumbres asociadas a las mismas”.
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