Hasta el momento 22.850 familias se han beneficiado de la moratoria de los desahucios, frente a las 120.000 calculadas inicialmente. En mayo de este año finaliza la moratoria que incluyó la ley antidesahucios impulsada por el ministro Luis de Guindos en 2013 –y prorrogada posteriormente en 2015- para evitar que las familias más vulnerables que no pueden hacer frente a su hipoteca pierdan su vivienda. No obstante, esta medida, que el PSOE ya ha pedido que se prorrogue al menos otros cuatro años, se ha quedado muy lejos de los objetivos marcados inicialmente.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, en noviembre de 2012 –cuando se aprobó el real decreto ley inicial- cifraba en hasta 120.000 las familias que podrían acogerse a la moratoria, si bien él mismo reconocía que la cifra oficial probablemente fuera más baja. Y lo ha sido: de acuerdo con los datos del ministerio, se han acogido a esta medida 22.850 familias, es decir, apenas un 20% de las previstas inicialmente.
En mayo de 2013 entraba en vigor la nueva ley, que contó sólo con el apoyo del PP tanto en el Congreso como en el Senado, y establecía una moratoria de dos años en los lanzamientos. La medida estaba prevista para colectivos especialmente vulnerables, como familias numerosas, familias con un menor de tres años a cargo, víctimas de la violencia de género o aquellas con algún miembro discapacitado.
En su primera redacción, para beneficiarse de la paralización de un desahucio era necesario tener unos ingresos al año inferiores a tres veces el IPREM (algo más de 19.000 euros) y cumplir otros tres requisitos: que la cuota de la hipoteca superase el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar, que la hipoteca fuera sobre su única vivienda en propiedad y que en los cuatro años anteriores a la solicitud de la paralización del desahucio el esfuerzo que representa la cuota hipotecaria hubiese aumentado el 50%.
En febrero de 2015, y ante la cercanía del vencimiento del plazo inicial, el Gobierno otorgaba una prórroga de otros dos años que expirará el próximo 15 de mayo de 2017. En ese sentido, el PSOE ha presentado una proposición no de Ley sobre la suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables en la que propone al Gobierno una nueva prórroga, en este caso de cuatro años.
“Pedimos que se prorrogue, porque en estos años las circunstancias económicas que existían en el momento en que se aprobó la moratoria no han desaparecido, por eso se amplió, y continúan”, ha señalado la portavoz de Vivienda del PSOE, Mar Rominguera.
“Hay que tener en cuenta que esa ampliación no perjudica a las entidades bancarias”, ha aclarado Rominguera, porque “en primer lugar no afecta a la propiedad y en segundo lugar porque estas entidades tienen en su poder más de 3,5 millones de viviendas vacías que no se venden ni se alquilan, y en cambio esta medida si es necesaria para que las familias que se han visto empobrecidas por la crisis no tengan que abandonar sus viviendas”.
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