La CNMC ha cifrado en cerca de 50.000 millones de euros anuales los sobrecostes derivados de la manipulación de licitaciones públicas. La falta de competencia en las licitaciones públicas, fruto de la corrupción y la manipulación de los concursos, cuesta cada año a las arcas 48.000 millones de euros en sobrecostes, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La cifra que podría ahorrarse el Estado sin irregularidades en la contratación pública es similar a la del déficit, que a falta aún de cifras oficiales se prevé que cerró el ejercicio 2016 cerca de los 50.000 millones, un 4,6% del PIB.
En una nota, el ‘superregulador’ recuerda que en los últimos años ha “detectado y sancionado manipulaciones de licitaciones públicas y privadas en todos los sectores de la economía”. Por ejemplo, en enero de 2015, multó con más de 98 millones de euros a las constructoras ACS, FCC, Sacyr y Ferrovial, así como a otras 35 empresas y asociaciones, por repartirse el mercado de gestión de las basuras.
Por ello, el organismo ha intensificado su esfuerzo en la persecución de las irregularidades en los concursos públicos e insta a las administraciones públicas, que son las encargadas de realizar los contratos, a una mayor colaboración.
“El carácter secreto de este tipo de acuerdos ilícitos para no competir en las licitaciones con la Administración hace imprescindible la colaboración de los Órganos de Contratación y requiere que éstos puedan informar a la CNMC cuando detecten alguna conducta sospechosa en sus concursos”, apunta el supervisor, que ha facilitado a las administraciones un folleto en el que se incluyen pautas para detectar irregularidades de empresas que se alían para evitar competir en los concursos.
Un reducido número de licitadores, similitudes sospechosas en las ofertas o redacciones idénticas, así como subcontrataciones o U.T.E.s (Uniones Temporales de Empresas) sin justificación aparente, son algunos de los diez indicios de manipulación de concursos que señala el supervisor. “Si a a una licitación se presentan pocas, una o ninguna empresa de las muchas que podrían hacerlo, puede deberse a la existencia de un acuerdo de reparto del concurso entre los potenciales licitadores”, explica.
Además, la CNMC pide a las administraciones públicas mejorar el diseño de las licitaciones, de forma que “las cláusulas en los pliegos de contratación sean respetuosas con los principios de la regulación económica eficiente y no incluyan restricciones injustificadas a un aprovisionamiento competitivo”.
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