Olivas, condenado a un año y medio de prisión por falsificar una factura de un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento a Vicente Cotino que nunca realizó. El Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia ha condenado al expresidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a la pena de un año y medio de prisión por falsificar una factura de un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento a Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, que nunca realizó.
Según recoge la agencia Europa Press, así consta en la sentencia, cuyo fallo ha sido adelantado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que la jueza condena a Olivas por delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública. Además, el expresidente de Bancaja deberá pagar una multa de 151.800 euros.
Junto a Olivas, el juez condena también a Vicente Cotino a la misma pena por computar ese pago como gasto deducible en su liquidación del Impuesto de Sociedades. Por su parte, la mujer de Olivas, Mercedes Álvarez, acusada en el procedimiento por la Abogacía del Estado, ha sido absuelta al no estar suficientemente acreditado que participara en idear y ejecutar la factura irregular de su marido, que ella firmó cinco años después de emitirse.
La jueza aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas. Según publica la agencia, Olivas siempre ha negado que cometiera algún tipo de fraude fiscal en la operación con Vicente Cotino, e insistió en que cobró 500.000 euros al empresario (más IVA) por asesorarle y mediar en la venta de unas acciones de su empresa eólica en una operación que fue “beneficiosa” tanto para el propio Cotino como para Bancaja -entidad que presidía- e Iberdrola -donde era consejero-.
La operación cuestionada se centraba en la venta de participaciones de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. -accionarada por Endesa (55%), Sedesa (25%) y Bancaja (20%)- a Iberdrola. En concreto, Cotino, dueño de Grupo Fiscal Asedes Capital S.L., al que pertenecía Sedesa, le pidió a Olivas que le ayudara a vender el 25% de activos a la compañía eléctrica. A cambio, y si se obtenía una plusvalía de 39 o 40 millones, le ofreció pagarle 500.000 euros más IVA.
Este no era el único frente judicial al que se enfrenta Olivas, que fue imputado en los casos Bankia y Banco de Valencia. En 2015 llegó a ser detenido además por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González en el marco de la investigación del proyecto Grand Coral por diversas operaciones en el Caribe.
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