El Tribunal de Cuentas cree que el FROB incurrió en gastos innecesarios en el rescate a la banca

El Tribunal de Cuentas eleva el coste del rescate a la banca hasta los 60.718 millones de euros, una estimación que “no puede considerarse definitiva”. El “coste acumulado” del rescate con dinero público al sector financiero español asciende a 60.718 millones de euros, según considera el Tribunal de Cuentas en su ‘Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015’ que ha remitido al Congreso de los Diputados y en el que se muestra especialmente crítico con la labor llevada a cabo por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
 
En referencia a los recursos públicos comprometidos en la reestructuración bancaria, el Informe señala que, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 (cuando se creó el FROB) y 2015, el importe ascendió a 122.122 millones de euros.
 
Al margen de ese importe, el Estado otorgó avales por un importe máximo de 85.965 millones de euros, ascendiendo el saldo vivo de la única emisión no amortizada hasta la fecha a 1.059 millones. Además, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 de las emisiones de deuda senior de la sociedad Sareb, que ascendía a 43.476 millones de euros, está avalado por el Estado.
 
Sin embargo, “no todas estas medidas suponen un coste del proceso para el sector público”, recuerda el Tribunal de Cuentas, que calcular un “coste acumulado” de 60.718 millones de euros. El principal componente de este coste fue el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, con una factura de 46.021 millones de euros.
 
“La estimación del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva, en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de restructuración”, avisa la institución, que cree que todavía puede haber “un incremento o una disminución del citado importe”.
 
Críticas del Tribunal de Cuentas al FROB
 
En su informe, el Tribunal de Cuentas se muestra especialmente crítico con el FROB, que “no aprobó -excepto en dos casos-, un procedimiento que estableciera las reglas básicas a aplicar en cada una de las ventas de entidades de crédito” rescatadas. En esa línea, en algunos procesos de venta “no se detallaron, como habría sido lo procedente, todas las garantías que finalmente fueron formalizadas en los contratos”.
 
También le afea que no determinase “los criterios financieros, fiscales y de oportunidad que debían aplicarse para valorar, ordenar y seleccionar cada uno de los instrumentos de apoyo financiero que cabría adoptar en cada proceso, especialmente en los de resolución y venta de entidades”.
 
El FROB tampoco definió un “procedimiento para imputar los ingresos, los gastos y los costes incurridos en cada proceso de resolución”, que hubiera permitido cumplir, sin restricciones, la normativa “que prevé que el FROB deduzca y retenga del precio de venta los gastos incurridos”. “El Fondo interpretó este precepto de una forma restrictiva, al entender que solo podían ser deducibles (y, por tanto, recuperables) aquellos gastos que estuvieran ligados de forma directa a la venta de la entidad”, se lamenta la institución. “De haber adoptado una interpretación menos restrictiva”, podría haber deducido y retenido “importes mayores”.
 
Asimismo, el fondo de rescate, contrató con expertos independientes la elaboración de informes de ‘due diligence’ y de valoración de dos entidades, “antes de que estas solicitaran formalmente apoyos financieros del FROB”. Estos informes, que costaron 1,4 millones de euros, fueron finalmente “innecesarios” y su coste no se repercutió a las entidades.
 
Otro asunto que destaca el Tribunal de Cuentas es la línea de crédito sindicada de 3.000 millones de euros que contrató el FROB como fuente de “financiación alternativa” para situaciones de urgencia. El fondo “no llegó a realizar ninguna disposición”, si bien “le supuso un coste total durante sus dos años de vigencia de 33 millones de euros”.
 
Por último, el FROB “no ha dictado normas” que regulen su representación en la Sareb, la sociedad que se hizo con los activos inmobiliarios tóxicos de las bancas rescatadas. Como consecuencia, “sólo consta el nombramiento por la Comisión Rectora de uno de los consejeros de Sareb, pese a que por acuerdo de la Junta de Accionistas de esta sociedad podía nombrar hasta cuatro”.

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