La cifra de lanzamientos practicados ha disminuido en todas las comunidades, excepto en Castilla y León, Extremadura, Galicia y Madrid, según el CGPJ. El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de este año experimentó un descenso del 7,5% respecto al mismo trimestre del año anterior, al pasar de 13.135 a 12.148, según el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La cifra de lanzamientos practicados ha disminuido en todas las Comunidades Autónomas, excepto en Castilla y León, Extremadura, Galicia y Madrid. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo a viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.
Los lanzamientos por impago del alquiler disminuyeron un 5% respecto al tercer trimestre de 2015, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 11,8%.
Respecto al número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el tercer trimestre de 2016 sumaron un total de 9.904, un 38,3% menos que en el mismo periodo del año anterior y la cifra más baja de las registradas desde el cuarto trimestre de 2007.
Todas las Comunidades Autónomas experimentaron descensos interanuales en el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas, siendo superiores al 40% en Asturias, Illes Balears, la Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra.
La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre fue Andalucía –con 2.180, el 24% del total nacional-; seguida por Cataluña –con 1.859- y la Comunidad Valenciana –con 1.263-.
Más concursos presentados
El número de concursos presentados en el tercer trimestre de 2016, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue de 1.593, lo que supone un incremento del 9,8% respecto al mismo periodo del año anterior.
De esos concursos, 335 corresponden a los presentados por personas naturales no empresarios –cuya competencia corresponde desde el 1 de octubre de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, por lo que atendiendo solo a los 1.258 concursos registrados en los Juzgados de lo Mercantil se observa una disminución interanual del 13,3%.
Cataluña fue la autonomía con más concursos presentados en el tercer trimestre del año -376, el 23,6% del total nacional-. Le siguieron Madrid, con 317; Andalucía, con 223; y la Comunidad Valenciana, con 195.
También fue en Cataluña donde se registraron más concursos de personas físicas en ese periodo: 103, lo que supone el 30,7%. Le siguieron Madrid, con 74; la Comunidad Valenciana, con 49; y Andalucía, con 34.
Caen las demandas por despido
Las 23.364 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en el tercer trimestre del año suponen un descenso interanual del 6,4% y es la cifra más baja registrada desde el primer trimestre de 2008.
Por territorios, Madrid –con 4.745, el 20,3% del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña –con 4.348, el 18,6%- y Andalucía –con 3.726, el 15,9%.
También el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social en el tercer trimestre del año es la más baja desde el tercer trimestre de 2007. Las 24.220 demandas presentadas suponen un 6,9% menos que las recibidas en el mismo periodo de 2015. De ellas, 4.790 se presentaron en Madrid, 3.838 en Andalucía y 3.222 en Cataluña.
Menos procedimientos monitorios
Los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 115.269, lo que supone una reducción del 27,4% respecto al mismo periodo de 2015.
La disminución se ha producido en todas las Comunidades Autónomas excepto en Cataluña, donde han aumentado un 35,9%.
Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
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