Las polémicas cláusulas suelo, sobre las que debate la Justicia europea, se incluyen en el convenio de las cajas de ahorros. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea presenta hoy sus conclusiones sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. Aunque la decisión no será vinculante, podría suponer el punto de inflexión para el punto final de estas polémicas cláusulas en España para los clientes, aunque no para un colectivo, el que conforman los empleados de las antiguas cajas de ahorros.
El nuevo convenio del sector firmado hace apenas dos semanas, incluye –aunque rebaja- un suelo en los préstamos concedidos a los propios empleados, unas condiciones sensiblemente peores a las que lograron los trabajadores de la banca, que también firmaron este año un nuevo acuerdo con la patronal.
En concreto, en el convenio colectivo del sector del ahorro suscrito por CCOO, UGT y CSICA con la patronal Acarl se pactó bonificar los suelos de las hipotecas, que hasta ahora se encontraban en el 1,5%. Con el nuevo acuerdo, el suelo pasará al 0,9% en 2017 y al 0,5% en 2018.
Este suelo contrasta con el pacto alcanzado el en convenio de la banca, en el que, eso sí, las entidades se aseguraron de no tener que pagar intereses a los empleados a los que concediese un préstamo, con un ‘suelo virtual’ del 0%. Así, el tipo de interés será el Euríbor a un año más 0,15, sin que en ningún caso pueda resultar un tipo de interés negativo.
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea presenta hoy sus conclusiones sobre la retroactividad de las cláusulas suelo en España para calcular las cantidades que los bancos deberán reintegrar a quienes suscribieron contratos hipotecarios con cláusulas consideradas abusivas.
Las opiniones del abogado general no son vinculantes para la Justicia europea, aunque en la mayoría de los casos las conclusiones coinciden con el fallo definitivo. La sentencia del Tribunal no se espera hasta finales de año.
El Tribunal debe pronunciarse sobre tres asuntos perjudiciales acumulados que plantean si el cálculo de las cantidades que la banca deberá devolver por estas cláusulas debe establecerse a partir del 9 de mayo de 2013, cuando el Tribunal Supremo las consideró prácticas abusivas, o bien a partir del inicio de cada contrato hipotecario.
Los cálculos del mercado apuntan a un impacto de entre 3.000 y 5.000 millones de euros para los bancos en el caso de que la retroactividad sea total.
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