La Comisión Europea aplaza la decisión sobre la multa pero exige recortes de otros 7.500 millones de euros en los próximos dos años. La Comisión Europea ha decidido aplazar hasta principios de julio, una vez pasadas las elecciones generales del 26 de junio, la decisión que debe tomar para certificar la “falta de acción efectiva” de España para cumplir con el objetivo de déficit de 2015. El proceso podría traducirse en una multa para el país de hasta un 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros.
El colegio de comisarios de la Comisión Europea se había reunido hoy para debatir si España y Portugal tomaron acciones efectivas para cumplir con el objetivo de déficit de 2015, pero en ambos casos ha decidido aplazar la decisión hasta principios de julio. “En línea con su deber de supervisar la implementación del procedimiento por déficit excesivo bajo el artículo 126 del Tratado, la Comisión volverá a la situación de estos dos Estados miembros a principios de julio”, reza el comunicado.
España cerró 2015 con un déficit de las administraciones públicas superior al 5% del PIB, ocho décimas por encima del compromiso con Bruselas, que era del 4,2%, lo que se traduce en un desvío de casi 10.000 millones de euros sobre el objetivo fijado.
No obstante, aunque la decisión sobre una multa se retrasa, Bruselas ha decidido poner ‘deberes’ al Gobierno que salga de las urnas el 26 de junio, al exigir nuevos ajustes por valor de unos 7.500 millones de euros en los próximos dos años que permitan al país encauzar el déficit público.
En concreto, el Ejecutivo comunitario pide a España recortes adicionales de un 0,25% del PIB en 2016 (unos 2.500 millones de euros) y de otro 0,5% en 2017 (5.000 millones) con el objetivo de llevar el déficit al 3,6% y al 2,5%, respectivamente. Además, vuelve a insistir en nuevas medidas en el mercado laboral.
