Les impone una fianza solidaria de 1.592 millones de euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles pecuniarias. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado este miércoles la apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de la Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM) por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra. Les impone, además, una fianza de forma conjunta y solidaria de 1.592 millones de euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles pecuniarias.
La magistrada sienta en el banquillo al expresidente de la CAM Modesto Crespo, a la exdirectora general Dolores Amorós, al exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, y al exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb. A los cuatro se les acusa de la comisión de un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.
Por su parte, el exdirector general Roberto López Abad está acusado de todos los delitos anteriores con la excepción del cometido contra el mercado y los consumidores. La juez acusa además de falsedad en las cuentas y en documento mercantil y de apropiación indebida a los exdirectivos Francisco José Martínez García, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y se sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB. Apenas unos meses antes, la entidad había comunicado unas ganancias anuales de 38,9 millones de euros. Los primeros resultados publicados por los nuevos administradores del FROB mostraron unas pérdidas de 1.136 millones de euros entre enero y junio de ese año.
La caja alicantina acabó en manos del Banco Sabadell, que pagó un precio simbólico de un euro por ella.
