Los inmigrantes con trabajo legal se encuentran muchas trabas para enviar dinero a sus países a través de entidades de pago y bancos por la normativa actual que «generaliza la sospecha» sobre todos los ciudadanos. La normativa española de blanqueo de capitales generaliza la sospecha a todas las operaciones de transferencia de dinero al extranjero, incluso en las remesas de pequeño importe enviadas por inmigrantes que trabajan de forma legal en nuestro país. La ley es demasiado restrictiva y exige excesivos controles y documentación de forma generalizada, lo que lleva a muchos a optar por vías alternativas, ante la dificultad de presentar determinada información.
Como han apuntado Enrique López, vicepresidente de de la Asociación Española de Entidades de Pago, y el abogado Antonio Selas, socio de Cremades & Calvo Sotelo, en un desayuno organizado por el despacho, las medidas españolas exigen a entidades de pago y clientes infinidad de documentos para demostrar que la operación no está relacionada con un acto delictivo.
“Si una empleada del hogar hace un envío de 100 euros a su familia, ya es sospechosa”, ha señalado López. Pero, en muchas ocasiones, es complicado contar con la información requerida para poder realizar las transferencias, como les ocurre a los inmigrantes que con la crisis regresan a su país y quieren enviar el dinero ahorrado a lo largo de los años: por ejemplo, si desea enviar 6.000 euros y la nómina es mucho más baja.
“Hay una exclusión financiera de gente que no puede aportar documentación de la procedencia de dinero obtenido de forma legal”, ha explicado Selas, pues las entidades de pago se ven entonces obligadas a rechazar la operación.
A estas consecuencias de la generalización de la sospecha hay que sumar los costes a los que se enfrentan las entidades de pago para controlar todas las operaciones, tanto tecnología, como personal adicional o asesores exteriores, además de la ralentización del proceso que esto provoca. Esto aumenta el coste también para los clientes.
Dificultades que también provocan un conflicto entre las sociedades de gestión y los bancos, que pueden cerrar las cuentas a estas empresas si creen que la justificación de una operación legal no es suficiente. Los bancos pueden recibir sanciones si no hay control en todas las operaciones de pagos.
Ante este excesivo control, una sentencia reciente del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) acaba de determinar que la normativa española de blanqueo de capitales es contraria al derecho comunitario, al generalizar las dudas sobre actividades delictivas y exigir un control, con aporte de documentación excesivo, a todas las operaciones de transferencia. Esto, según el tribunal con sede en Luxemburgo no respeta el principio de proporcionalidad y extiende la sospecha a todos los ciudadanos.
