Piden a la Audiencia Nacional su absolución amparándose en que desconocían que la práctica fuera ilícita. Exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid han pedido a la Audiencia Nacional su absolución del caso de las tarjeta ‘black’ amparándose en que desconocían que esta práctica fuera ilícita, al tiempo que han criticado el trato “peyorativo” por parte de los medios de comunicación, que a su juicio los han presentado ante la opinión pública como si ya hubieran sido condenados.
Según publica la agencia Europa Press, en los escritos de defensa presentados por Miguel Ángel Abejón, Carmen Cafranga, Darío Fernández-Yruegas, Miguel Ángel Araujo, Beltrán Gutiérrez, Jorge Gómez, José María de la Riva o Virgilio Zapatero, figura la ausencia de “dolo” o intencionalidad para cometer los delitos de apropiación indebida o administración desleal.
El exmiembro de la Comisión de Control Miguel Ángel Abejón, que gastó 109.182 euros con su ‘black’, critica el trato que ha recibido de los medios de comunicación y recuerda que recibió entre enero de 2003 a diciembre de 2011 una tarjeta “instituida” por los presidentes de la caja Miguel Blesa y Rodrigo Rato para “gastos de libre disposición”, que incluían los de carácter personal. Los gastos eran contabilizados en la cuenta 619202 conocida por Hacienda y, por ello, “nunca dudó de que esta práctica de incentivos era lícita y procedente”.
“En la conducta de mi representado, no hubo en ningún momento conciencia o intención de infringir su deber de lealtad con la entidad a cuyo Consejo de Administración pertenecía y, menos aún, de apropiarse indebidamente la cantidad alguna”, recoge también la defensa del exconsejero Darío Fernández-Yruegas, a quien se atribuye un desembolso de 69.802 euros, señala Europa Press.
El exdirectivo señala que actuó en todo momento de una manera “abierta y sin el menor atisbo de clandestinidad” al comprobar que se trataba de una práctica generalizada, nadie le habló sobre una posible ilegalidad y mantenerse de forma “escrupulosa” en los márgenes de su utilización.
“¿Cómo podría el imputado imaginar siquiera que su actuación con la tarjeta podría ser constitutiva de una eventual infracción penal?”, se preguntan otros exdirectivos, que también piden anular como prueba el listado de gastos aportado por Bankia al haberse obtenido, en su opinión, “por medios ilícitos”, “cuya cadena de custodia es más que dudosa” y no haberse podido someter a contradicción.
