La Fiscalía calcula que Rato ocultó estos ingresos a Hacienda y defraudó al menos 2,46 millones de euros. El Banco de España alertó de que el vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato comenzó a recibir, a partir del año 2012, “importantes transferencias de dinero” de hasta siete millones de euros desde cuentas corrientes situadas en seis paraísos fiscales, entre ellos la isla caribeña de Dominica. Según publica Europa Press, así consta en el sumario de la causa en la que se investigan irregularidades en el patrimonio del que fuera también presidente de Bankia y director gerente del FMI.
La denuncia original de la Fiscalía detalla que Rato recibió 1.518.017 euros en 2012 y 1.259.305 en 2013, procedentes de “cuentas corrientes en las que tenía poder de disposición” en Suiza, Gibraltar, Luxemburgo, Irlanda, EEUU y Dominica.
Además, la empresa que las investigaciones sitúan en el centro de la compleja trama societaria y de la que Rato es responsable último, Kradonara, percibió también transferencias desde el extranjero por importe de 4,6 millones de euros. En concreto Kradonara ingresó 1,7 millones en 2011, con origen Gibraltar, 1,4 millones en 2013 desde el Reino Unido y Luxemburgo y 1,5 en 2013, desde los mismos países.
La Fiscalía calcula que el exdirector del FMI ocultó estos ingresos a Hacienda y defraudó una cantidad de al menos 2,46 millones.
La documentación del sumario desvela que la alerta dada por el Banco de España desembocó en la elaboración de un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), en el que se detectaban siete riesgos fiscales.
Rato declara hoy como investigado por la comisión de delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales en una nueva pieza secreta abierta por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, que investiga irregularidades en su patrimonio.
Es la tercera ocasión en que el expresidente de Bankia comparece en los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid en relación con este procedimiento, después de que ya lo hiciera el 22 de julio del pasado año, cuando se negó a contestar a las preguntas del magistrado, y el 7 de octubre, cuando sí accedió a declarar. En esa última ocasión, el juez decretó la retirada del pasaporte.
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