El organismo comenzará a contemplar sanciones personales por la implicación en carteles u otros delitos de competencia, y no solamente multas a las empresas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) empezará a imponer sanciones a directivos implicados en cárteles y otros delitos relacionados con la competencia. Según ha explicado esta mañana el organismo, comenzarán a usarse instrumentos legales disuasorios ya previstos, pero de los que hasta ahora no se había hecho uso, como extender las multas a personas físicas, de forma que las infracciones tengan consecuencias personales, y no solo afecten a la empresa.
Esta “herramienta” para luchar contra los cárteles está recogida en la el artículo 63.2 de la Ley de Competencia, que prevé imponer sanciones a personas físicas que hayan participado en acuerdos colusorios. Con ello, ha apuntado el director de Competencia de la CNMC, Eduardo Prieto, se pretende disuadir a los empresarios de cometer infracciones.
Otro instrumento orientado a tal efecto que pretende impulsar la CNMC en 2016 es la aplicación de la prohibición de contratar con la administración pública durante un determinado número de años a empresas que hayan participado en cárteles, que está prevista en la Ley de contratos del Estado. Al no poder participar en concursos públicos, la repercusión para las empresas de infringir las normas de competencia es más grave que una simple sanción.
En concreto, la citada ley contempla el veto a la presentación a concursos públicos para compañías implicadas en infracciones posteriores a octubre de 2015, ha recordado Prieto, por lo que en este caso las primeras resoluciones no llegarán “hasta dentro de dos o tres años”.
Además, la CMNC focalizará su actividad en el ejercicio que acaba de comenzar en la lucha contra la manipulación de las licitaciones públicas. En estos casos, los competidores se ponen de acuerdo para acudir a concursos convocados por administraciones públicas, de forma que la cantidad que estas compañías acaban cobrando por los contratos es más elevada que la que hubiera resultado en una puja sin acuerdos previos. En este marco, Competencia ha comenzado una campaña de información en administraciones del Estado para que aprendan a detectar prácticas fraudulentas.
