Los trabajadores del banco entonces presidido por Rodrigo Rato invirtieron en torno a 53 millones de euros en la OPS. La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la salida a Bolsa de Bankia podría provocar un efecto llamada cuando apenas quedan tres meses para que finalice el plazo para demandar al banco. La entidad no sólo colocó sus acciones a clientes minoristas e inversores institucionales, sino también entre sus propios empleados –y buena parte de sus familiares-, que se han visto obligados a acudir a los tribunales para recuperar su dinero.
Por ello, la Asociación de Cuadros (ACCAM) ha reiterado su solicitud al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri para que ofrezca, tanto a sus profesionales como a los familiares de estos, “una solución extrajudicial a las pérdidas sufridas por la OPS”. “Con el 95% de demandas perdidas, la única iniciativa de la empresa es publicar un argumentario sugiriendo que los clientes ‘esperen’ antes de demandar”, se lamenta el sindicato, que considera que con esta solución extrajudicial “se lograría el objetivo de recuperar la imagen de cara a la plantilla y a los profesionales”.
ACCAM considera que “Bankia debería reflexionar y atajar esta situación de la manera menos gravosa (evitando costes judiciales) y sin menoscabar todavía más la imagen que tanto nos está costando recuperar, donde los profesionales son el escudo ante la sociedad”.
En julio de 2011, Bankia, entonces presidida por Rodrigo Rato, salió a Bolsa en una operación en la que captó más de 3.000 millones de euros. El banco dirigió su oferta en un 40% a inversores profesionales en un 60% a particulares, con unos requisitos de inversión mínimos de 60.000 y 1.000 euros, respectivamente.
Asimismo, se incluyó un subtramo para empleados y administradores de Bankia del 2,8% del tramo minorista. Concretamente, Bankia adjudicó un total de 14,13 millones de acciones a este colectivo. A un precio de 3,75 euros al que salieron las acciones al parqué, la inversión total de los trabajadores fue ligeramente infrerior a los 53 millones de euros.
A 31 de diciembre, el banco había recibido 76.546 demandas civiles por la salida a Bolsa, por un importe de 829,9 millones de euros. De ellas, ha recibido 13.748 sentencias firmes en contra por unos 81,7 millones. Los desembolsos ascienden a 65 millones de euros.
