CSI da por hecho que el banco hará una oferta “de mínimos” y la última palabra la tendrá la Audiencia Nacional. El proceso de ejecución de la sentencia que anula el ERE de Liberbank aprobado en el verano de 2013 sigue cumpliendo etapas con vistas a que los trabajadores de la entidad recuperen el dinero que se les debe, después de que los sindicatos demandantes ya hayan presentado ante la Audiencia Nacional la solicitud de ejecución de esta sentencia.
Según señala la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) en una circular, ahora, por parte de la Audiencia, se requerirá a la empresa para que presente una oferta de pago en cumplimiento de la sentencia. La formación avisa de que “estos trámites suelen ser largos”, aunque espera que en el transcurso del mes de febrero se conozca el contenido de dicha oferta.
El sindicato espera que el banco presente “una oferta de mínimos” después de que hace unos meses ya calculase que debería pagar unos seis millones de euros por las cantidades detraídas ilegalmente, frente a los casi 67 millones que reclaman los sindicatos.
“De confirmarse esta intención de no devolver todo lo descontado durante el periodo en que estuvo en vigor el primer ERE fraudulento, seremos citados la empresa y los sindicatos a una nueva vista en la Audiencia Nacional para intentar llegar a un acuerdo”, avisa CSI, que ya anticipa que en el caso de que no haya acuerdo –“cosa más que probable” a juicio del sindicato-, la propia Audiencia fijará los criterios para la ejecución de la sentencia.
En una sentencia dictada el pasado 22 de julio, el Tribunal Supremo decidió rechazar el recurso de casación interpuesto por Liberbank, confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional del 14 de noviembre de 2013. En esa fecha, y estimando parcialmente la demanda presentada por CSI y STC-CIC, a la que se unieron CSICA, CSIF y APECASYC, la Audiencia Nacional decidió anular tanto el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) acordado por Liberbank con UGT y CCOO el 25 de junio de ese mismo año, como el ERTE unilateral que había anunciado unas semanas antes el banco.
La Audiencia Nacional entendió que hubo “vulneración de la libertad sindical”, y condenó al banco a “reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a la aplicación de las medidas”. Según los cálculos de los sindicatos que llevaron este ajuste laboral a los tribunales, el banco debería devolver a los empleados unos 67 millones de euros por las cantidades económicas detraídas.
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