El Alto Tribunal decidirá mañana si da la razón a Bankia en uno de los dos que ha presentado el banco. El Tribunal Supremo podría paralizar mañana las demandas de miles de pequeños inversores contra Bankia por la salida a Bolsa en julio de 2011, si finalmente el Alto Tribunal acaba dando la razón al recurso que presentó el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri.
Según publica el diario Expansión, la entidad presentó dos recursos ante el Tribunal Supremo a varias sentencias, de los cuales el primero será analizado durante el pleno de mañana. En él, Bankia alega que los contratos de la compra de acciones de la salida a Bolsa no pueden ser declarados nulos, al menos en el caso recurrido, debido a que “no existe prueba” de que los clientes fueran a la Oferta Pública de Suscripción (OPS) motivados por el folleto de admisión.
Es decir, aunque éste estuviera mal no influiría, ya que los inversores no lo analizaron antes de invertir su dinero. Además, Bankia critica que la sentencia recurrida da por “probado” la “falta de veracidad” del folleto, de “forma claramente arbitraria”.
Junto a ello, el banco nacionalizado argumenta que “la sentencia debe ser revocada” porque no justifica “de forma suficiente y adecuada” por qué no era válida la información del folleto de la OPS. “Se han obviado completamente las graves circunstancias acontecidas en la segunda mitad de 2011”, añade. Además, el banco recuerda que la OPS cumplió con toda la normativa vigente.
Una vez determine sobre este recurso el Supremo, todavía quedará otro, en el que Bankia tendría puestas más esperanzas, según Expansión. En él alega que la las demandas civiles deben paralizarse hasta que se resuelva la investigación abierta en la Audiencia Nacional, al haber prejudicialidad penal.
Hasta el momento, los tribunales civiles están dando por el momento la razón a los pequeños inversores, que el pasado mes de diciembre ya habían presentado demandas por 820 millones. Las condenas ascendían a 175 millones. Esta situación obligó a la entidad a realizar una provisión extraordinaria de 1.060 millones para cubrir costes de las demandas civiles, adicionales a los 780 millones que dotó en 2014.
