Benjumea tendrá que consignar la totalidad de la indemnización recibida al salir de la compañía: 11,5 millones de euros. La Audiencia Nacional ha decidido no admitir las pólizas de seguro presentadas por el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y por el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega para avalar sus fianzas en la causa que estudia la querella presentada por dos bonistas, por lo que tendrán que depositar los 11,5 millones de euros y 4,5 millones de euros.
Según un auto recogido por la agencia Efe, la Audiencia se muestra de acuerdo con la Fiscalía, que pedía el rechazo de estas pólizas y Benjumea y Sánchez Ortega tendrán que consignar la totalidad de las fianzas impuestas por la magistrada Carmen Lamela en veinticuatro horas. Ante esta decisión, los afectados aún pueden interponer un recurso de reforma en tres días o apelar en cinco días.
El tribunal justifica este rechazo en que, aunque estas pólizas podrían garantizar las eventuales indemnizaciones que se declaren procedentes en el juicio, no afrontarían la pérdida sufrida por la propia Abengoa, que fue la que suscribió los contratos.
Además, la juez entiende que “la responsabilidad civil nacida de un hecho intencionado ha de repercutir finalmente en el asegurado” y no en la empresa aseguradora. La Fiscalía había presentado un informe en el que pedía el rechazo de las fianzas prestadas por las compañías de seguros, al considerar que la administración desleal es un delito de dolo, lo que podría impedir beneficiarse del seguro.
Benjumea y Sánchez Ortega presentaron cuatro pólizas de seguros, dos cada uno, de AIG Europa Limited y XL Insurande para intentar avalar sus fianzas, cuyo importe corresponde a las indemnizaciones que millonarias que cobraron cuando abandonaron la empresa, ahora en preconcurso de acreedores.
Estas responden a la querella presentada por dos bonistas que acusan al expresidente y al ex consejero delegado de Abengoa de uso de información privilegiada y administración desleal. Consideran, según recoge la querella, que Benjumea y Sánchez Ortega conocían la realidad financiera de la empresa, pero usaron la información en provecho propio en lugar de “salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate”
