La expresidenta de la Fundación Caja Madrid se lamenta de que es la única de la Comisión de Control que ha pagado su fianza. La expresidenta de la Fundación Caja Madrid Carmen Cafranga se ha quejado de que es la única integrante de la antigua Comisión de Control de la malograda caja de ahorros que ha tenido que afrontar una fianza por la utilización de su ‘tarjeta black’, lo que, a su juicio, vulnera los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato.
Según publica la agencia Europa Press, así lo refleja el recurso de apelación que ha interpuesto la defensa de Cafranga contra el rechazo del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de rebajarle de 234.000 a 47.693 euros la fianza que le impuso por cargar cerca de 175.091 euros a su visa.
Cafranga considera que deben descontarse de la caución los gastos realizados durante el periodo en el que integró la Comisión de Control, desde el 29 de septiembre de 2003 hasta el 28 de enero de 2010, y que solo deben ser contabilizados los efectuados desde el 28 de enero de 2010 hasta el 27 de noviembre de 2012, cuando fue consejera a propuesta del Partido Popular.
“No existe ninguna otra resolución en esta causa que haya resuelto la cuestión de por qué mi representada es la única integrante de la Comisión de Control que debe afianzar los gastos realizados durante el tiempo que ocupó esa posición en Caja Madrid”, señala en su escrito.
Por esta razón, su defensa considera que “carece de todo fundamento” imponer a su patrocinada una caución por el desembolso efectuado durante ese periodo y reclama la reducción proporcional de la fianza en base al principio de proporcionalidad y al derecho a la igualdad.
Cafranga fue una de los 66 representantes de Caja Madrid y Bankia que el juez Andreu propuso el pasado 23 de diciembre sentar en el banquillo por utilizar las ‘tarjetas black’, que fueron emitidas “sin respaldo contractual alguno” y usadas para “gastos personales y propios”, que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de 15,5 millones de euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 concluye que los hechos investigados podrían ser constitutivos del delito de administración desleal, en el caso de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el del resto de directivos que los utilizaron.
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