A pesar de las continuos llamamientos de Mariano Rajoy en el Congreso para eliminar la capacidad de veto de los Gobiernos autonómicos en los procesos de fusiones interregionales de cajas, las comunidades del PP han dado una vuelta de tuerca con la aprobación de nuevas normas que impiden también las denominadas fusiones virtuales. Castilla y León, Madrid, Galicia y Valencia ya han desafiado en este sentido al líder popular.
Ayer mismo, la Junta de Castilla y León aprobó, dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, una medida que otorga a la Junta la capacidad de vetar los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), las llamadas ‘fusiones virtuales’, una competencia que hasta ahora sólo regía en caso de fusiones. El Gobierno regional responde de este modo a las negociaciones iniciadas por Caja Burgos para unirse a Banca Cívica, la fusión virtual iniciada por Caja Navarra y CajaCanarias, y a la que se ha sumado ya Sa Nostra.
Esta ley autonómica no es un caso aislado. En Madrid, el Ejecutivo de Aguirre ha aumentado la competencia del consejero de Hacienda, Antonio Beteta, para la autorización de los SIP. La enmienda por la que se dota de mayores poderes al consejero autonómico se introdujo a través de Ley de Presupuestos, que previsiblemente será ratificada el próximo martes por la Asamblea general.
A estos dos proyectos ya ultimados, se sumarán probablemente la Xunta gallega, que pretende aprobar su nueva Ley de cajas antes de que acabe el año, y la Comunidad Valenciana, que presiona para que Bancaja y CAM inicien un proceso de fusión.
Fuentes oficiales de Génova han señalado a el diario EL BOLETÍN que “en el programa del Partido Popular no se incluyen” asuntos relacionados ni con las fusiones virtuales ni con el derecho a veto de las Comunidades autónomas a estos procesos, por lo que la iniciativa que cada Gobierno regional pueda tomar depende de su propios planes, siempre y cuando estén dentro del marco legal.
A pesar de la libertad que los estatutos del PP conceden a sus barones autonómicos, el presidente del partido Mariano Rajoy, ha defendido en repetidas ocasiones en el Congreso la necesidad de eliminar los derechos a veto de las autonomías.
A su juicio, estos vetos regionales están entorpeciendo el necesario reajuste del sector de las cajas de ahorros. Rajoy ha defendido incluso que se reforme la Ley de Cajas para prohibir estos vetos, algo en lo que está de acuerdo la patronal de las cajas (CECA).
El portavoz económico en el Congreso del Partido Popular, Cristóbal Montoro, considera que las fusiones virtuales no son el camino para llevar a cabo la reordenación del sector financiero. El parlamentario ha señalado en diversas ocasiones que “no tienen sentido” las creaciones de Sistemas Institucionales de Protección si las dos cajas “están bien”, por lo que dice no comprender la utilidad de estos procesos híbridos.
A pesar de las trabas públicas, Caja Navarra, CajaCanarias, Caja de Burgos y Sa Nostra han dado un nuevo paso en la formación del nuevo grupo Banca Cívica, una integración cuyo acuerdo ya ha sido presentado a los consejos de administración de las entidades que lo componen.
Las cajas han presentado la propuesta de contrato de grupo al Banco de España y la propuesta de plan general de integración ha sido presentada por Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos. ‘Sa Nostra’, por su parte, ha suscrito el protocolo fundacional, que es el documento original presentado al Banco de España el 7 de octubre, y está trabajando en la propuesta del plan general de integración
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