El presidente de la compañía, Felipe Benjumea, y su exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, deben abonar fianzas por un total de 15,9 millones, la cifra que cobraron como indemnización. La juez de la Audiencia Nacional encargada del Caso Abengoa, Carmen Lamela, ha admitido a trámite la querella presentada por dos propietarios de bonos de la compañía contra el expresidente de la firma andaluza, Felipe Benjumea, y su exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega. Les ha dado además a ambos un plazo de 24 horas para abonar unas fianzas por un valor total de los 15,9 millones que cobraron de indemnización tras abandonar la empresa tras su declive.
En concreto, se ha impuesto a Benjumea una fianza de 11,48 millones, y a Sánchez Ortega de 4,4 millones. La decisión de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 responde a la recomendación de la Fiscalía, que instó a admitir a trámite la querella al ver delito en las indemnizaciones a la cúpula de Abengoa.
La Fiscalía pidió ayer que se investigara si la Benjumea y Sánchez Ortega pudieron incurrir en delitos de uso de y administración desleal con el fin de beneficiarse económicamente.
En la querella presentada, los bonistas les acusan de conocer la realidad financiera de la empresa, pero usar la información en provecho propio en lugar de “salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate”.
La juez ha solicitado además a la CNMV que le envíe documentación sobre las operaciones de compraventa de acciones de la empresa desde el 1 de julio de 2015; y a la auditora Deloitte una copia de su último informe sobre las cuentas y resultados de la firma de energías renovables.
