El Gobierno canario impulsará un arrendamiento por debajo del 12% de los ingresos de la unidad familiar para aquellas que cobren menos del salario mínimo interprofesional. Los gobiernos regionales, poco a poco, ven cómo su parque de viviendas públicas va aumentando. Esta vez ha sucedido en Canarias donde la Sareb ha llegado a un acuerdo con la comunidad autónoma para ceder 50 viviendas que serán destinadas a alquiler social. Este convenio de colaboración llega un día después de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) trasladase a los parlamentos autonómicos sus exigencias.
El acuerdo de cesión ha sido rubricado por la vicepresidenta del Gobierno canario, Patricia Hernández, y el director general de Desarrollo Corporativo y Asuntos Legales de Sareb, Óscar García Maceiras. Según el convenio, el Gobierno regional se encargará de la gestión de los inmuebles cedidos durante cinco años, a través de la empresa Visocan (Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias).
En cuanto al alquiler social que implantará el ejecutivo canario, la renta se ajustará al nivel de ingresos de los inquilinos. Así, si cobran menos del salario mínimo interprofesional, el importe de la renta estará por debajo del 12% de los ingresos de la unidad familiar de los futuros inquilinos. Para el resto, no superará el 30% de los ingresos actuales. Los gastos de seguros, comunidad, tasas y tributos, adecuación de las viviendas para su uso y otros corresponderán a la Sareb, mientras que la otra parte del acuerdo asumirá todos los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario.
La administración regional seleccionará a los usuarios y firmará con ellos el contrato de arrendamiento. “Nuestro objetivo es contribuir a la mejora de la situación de familias afectadas por la crisis y apoyar con esta cesión al Gobierno canario que es quien tiene competencias en esta materia”, ha explicado la parte representante del ‘banco malo’.
Desde el tira y afloja entre la PAH y la Sareb, la entidad ha ido cediendo viviendas a las comunidades autónomas. Así, el banco ha duplicado, hasta 4.000 unidades, las viviendas que va a poner a disposición de gobiernos regionales y grandes ayuntamientos para que faciliten alquileres a precios asequibles.
