A través de la patronal, defienden que las cláusulas están recogidas en una Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 2011. Lo que deberían devolver alcanza los 20.000 millones de euros. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha insistido este martes en que las cláusulas suelo están contempladas en el ordenamiento jurídico español y, por lo tanto, son plenamente legales. Esta declaración contradice lo que se ha ordenado desde Bruselas. En un comunicado, la agrupación recuerda que esta condición está recogida en la orden ministerial del 28 de octubre del 2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, y anteriormente en la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, derogada por la anterior.
La confederación ha pedido tener en cuenta que la legislación hipotecaria se encuentra entre «las más protectoras» de la UE desde el punto de vista del consumidor, y que en el proceso de contratación de un préstamo hipotecario intervienen fedatarios públicos (notario y registrador de la propiedad), con el objeto de velar por el cumplimiento de todos los extremos legales.
La patronal ha aclarado que ha recibido una opinión de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, sobre la retroactividad de los efectos derivados de la declaración de nulidad de determinadas cláusulas suelo. Opinión que respetan, pero que ven insuficiente: «Se trata de una opinión más de las recabadas en el proceso, en el que falta, por ejemplo, la opinión del abogado general que tiene carácter independiente«, ha indicado.
Las declaraciones de la CECA llegan después de conocer que dos analistas de Ahorro Corporación, que es precisamente el bróker de las cajas de ahorro españolas, recuerdan en un informe que hay unos 2,5 millones de hipotecas con estas cláusulas, lo que representaría devolver unos 7.000 euros por cliente, unos 17.000 millones de euros en total. Si a esto se le añadiesen las hipotecas de BBVA, Cajamar y Abanca, que tendrían que devolver unos 3.000 euros, la cantidad a devolver por la retroactividad reclamada ascendería a unos 20.000 millones de euros.
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