Mientras que desde Gestha se reclama que los nombres de los amnistiados se hagan públicos para favorecer la investigación, los inspectores temen la “espantada” de los evasores. Vuelve la tensión a los despachos del Ministerio de Hacienda. Inspectores y técnicos del gabinete que dirige Cristóbal Montoro han vuelto a escenificar su falta de acuerdo ante una de las más iniciativas recientes del Gobierno que más polémica ha levantado: mantener en secreto la lista de nombres de la amnistía fiscal del año 2012.
Mientras que los técnicos de Hacienda hace tiempo que vienen reclamando la publicación íntegra de los amnistiados, sus colegas inspectores han explicado este miércoles sus motivos para preferir que la lista siga en secreto. Los primeros creen que la lucha contra el fraude podría ser mucho más efectiva, mientras que los segundos creen que lo único que podría provocarse sería la “espantada” de los evasores.
Los últimos en airear su opinión han sido los inspectores, habitualmente menos prolijos en declaraciones. De hecho, su criterio lo han expresado a través de un sencillo mensaje en Twitter a través del perfil oficial de la Junta de Gobierno de la Organización profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. “Creemos que famosa ‘lista’ ha de quedar en secreto para proteger las actuaciones en curso y evitar, entre otras cosas, posibles ‘espantadas’”, sentenciaban en su mensaje.
Una opinión que dista mucho de la que desde el sindicato de técnicos Gestha han mantenido en sus últimas valoraciones sobre la gestión de Montoro de la información recabada en la amnistía fiscal abierta entre marzo y noviembre de 2012. El mismo secretario general de la organización, José María Mollinedo, llegó a afirmar en declaraciones a Servimedia que con el “blindaje” que se viene otorgando a los amnistiados se podría estar favoreciendo el blanqueo de capitales.
En esta misma línea de discurso, el propio Mollinedo llegó a señalar la importancia de que la Ley General Tributaria abriese la puerta a la publicación de la polémica lista para facilitar el trabajo de investigación. Es así que denunció que los funcionarios de la Agencia Tributaria sólo tienen acceso a los datos de los amnistiados con una autorización específica previa, cosa que “no ocurre con ninguna declaración ordinaria sujeta a investigación”.
Asimismo, apuntó que la regularización de capitales con indicios de blanqueo de capitales en un 2,2% de los casos supone un porcentaje “lo suficientemente alto” como para investigar cada caso y conocer el origen de los fondos normalizados.
No es la primera vez que la actualidad divide a los dos mayores colectivos profesionales de Hacienda. Ya a comienzos de año saltaron chispas tras conocerse las propuestas conjuntas realizadas por Podemos y Gestha para la lucha contra el fraude fiscal.
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