Gestha denuncia que la reforma de Montoro perpetúa “la sensación de impunidad de quienes defraudan”

Con medidas como la prohibición de pagos en efectivo superiores a 1.000 euros, los técnicos de Hacienda creen que se recaudarían 8.200 millones de euros más al año. Los Técnicos de Hacienda (Gestha) cargan contra la falta de eficacia que traerán los cambios en el plan de control tributario anunciados por Cristóbal Montoro. Denuncian que estas novedades no sólo persiguen un objetivo “poco ambicioso” sino que “no lograrán reducir la economía sumergida” y tampoco “acabar con la sensación de impunidad de quienes defraudan”.

El objetivo al que aspira la Agencia Tributaria para 2015, según lo publicado este miércoles el en BOE, está en recaudar 11.300 millones de euros. Una cifra que los técnicos del Ministerio aseguran “se superará como ocurre tradicionalmente”, y apoyan sus argumentos en que el importe que se había fijado para el año pasado fue inferior en más de 1.000 millones a lo finalmente conseguido.

En esta misma línea de discurso denuncian que aunque el ejercicio pasado se alcanzó una recaudación insólita hasta la fecha, un 77% del fraude fiscal quedó impune. Por este motivo consideran que la economía sumergida seguirá representando uno de los grandes problemas para la recuperación económica de España, ya que actualmente calculan que representa nada menos que un 24,6% de su PIB.

Desde Gestha se explica que son varios los motivos en los que reside “esta falta de eficacia”. El primero al que aluden es precisamente la falta de estudios oficiales sobre economía sumergida. El anquilosamiento de la Agencia Tributaria, que califican como “antigua y poco adaptada a los cambios sociales y económicos” es otro de los factores que va intrínsecamente unido a la falta de personal y “la vigencia de una normativa que permite eludir legalmente el pago de impuestos”. Ejemplos al entender de los técnicos de “lo mal enfocada que se encuentra la lucha contra el fraude” en el país.

Como en otras ocasiones, desde el sindicato de especialistas se denuncia que el 80% de la plantilla de la institución centra sus esfuerzos en perseguir pequeños fraudes e irregularidades de autónomos, pymes y trabajadores o pensionistas. Mientras tanto, solo el 20% de los trabajadores se encarga del fraude más cuantioso y sofisticado de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y multinacionales, a las que se atribuyen tres cuartas partes del fraude en España.

Las medidas que propone Gestha más allá de los escasos cambios introducidos por el Gobierno pasan por aumentar su responsabilidad y competencias, prohibir los pagos en efectivo por encima de los 1.000 euros y el establecimiento de un límite máximo del 5% en la participación de las sicav. Con estas iniciativas, los expertos calculan que a medio plazo la recaudación podría aumentar en 8.200 millones de euros al año.

Además, los técnicos del gabinete que lidera el ministro Montoro destacan que la investigación de patrimonios situados en el extranjero se ha topado con la Comisión Europea, que considera “desproporcionadas” las sanciones y la imprescriptibilidad de dichos patrimonios que no se hayan declarado en plazo en el modelo 720 de bienes y derechos en el exterior. Algo que, según subrayan, el colectivo de trabajadores ya advirtió cuando en el año 2012 se tramitaba la aprobación de la vigente ley antifraude vigente en la actualidad.

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