Los exconsejeros de Caja Madrid presentan declaraciones complementarias a Hacienda

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Los exconsejeros de Caja Madrid presentan declaraciones complementarias a Hacienda

Agencia Tributaria

En las declaraciones de hoy, unos han defendido que las tarjetas eran de “libre disposición” mientras que otros han justificado que estaban destinadas a gastos de representación. Hacienda ha abierto una inspección a todos los exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid imputados por el escándalo de las tarjetas ‘black’, los cuales han procedido a elaborar las respectivas declaraciones complementarias, según publica la agencia Efe, que señala que así lo han desvelado hoy varios de ellos durante sus declaraciones como imputados ante el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional.

Durante las nueve declaraciones de hoy ha vuelto a quedar en evidencia la falta de control en la malograda entidad madrileña sobre estas tarjetas y la finalidad que tenían. Mientras unos han defendido que eran de “libre disposición” para uso personal, otros han justificado que sólo estaban destinadas a gastos de representación. Incluso algunos de los imputados han defendido que podían emplearse con ambos fines.

En lo que sí han coincidido todos, para los que Anticorrupción ha pedido fianzas civiles equivalentes a lo gastado, es en asegurar que siempre pensaron que era la entidad, como titular de las tarjetas, la que debía practicar las retenciones, recoge la agencia.

Uno de ellos, José María de la Riva, ha aludido incluso a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda según el cual los consejeros no debían tributar. Según De la Riva, que entendió su tarjeta como un instrumento para gastos de representación, él se interesó en numerosas ocasiones por el asunto de la tributación, pero desde la caja le respondían que no debía preocuparse porque existía ese acuerdo.

El exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga (del PP) ha explicado que se trataba de un concepto retributivo diseñado para efectuar cargos derivados de su puesto, lo que ha provocado que el magistrado le preguntase si eso incluía compras en El Corte Inglés. Rodríguez Ponga ha contestado que la función de consejero exigía hacer regalos, aunque ha añadido que es muy difícil aportar un listado de beneficiarios dado el tiempo transcurrido.

Al exministro socialista Virgilio Zapatero no le sorprendió que le entregaran una visa para gastos de representación, ya que su cometido era “acercar la universidad a las cajas” y preparar un programa de educación financiera, aunque ha dicho al juez que siempre se sintió “incómodo” con que no hubiera ningún control en los gastos.

Por su parte, José Manuel Fernández Norniella, que fuera mano derecha de Rato, ha relatado que él recibió su visa en 2006 para “gastos discrecionales hasta un limite”, y ha negado que, tal y como sostuvo ayer el socialista José María Arteta, él autorizara su uso hasta tres meses después del cese.

Alberto Recarte se ha referido al sistema retributivo en la entidad, de cuya “legalidad siempre” dudó porque “era muy reservado y no se trataba en los consejos”, especialmente el referido al expresidente Miguel Blesa, que recibía un 15% más que cualquier directivo.

Jesús Pedroche ha calificado su visa de “estrictamente personal” y ha manifestado que nunca pudo ser inherente al cargo porque “un consejero no tiene poderes de representación de una caja”, función que correspondía a los directivos, que para ello tenían otra. También Francisco Baquero ha mantenido este uso pero ha cuestionado los cargos que le atribuye Bankia en el desglose de sus movimientos, que no coinciden con los que maneja Hacienda en la inspección que le ha abierto.

Por el contrario, el ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada ha sostenido que eran gastos de representación y que así se mantuvo durante la etapa de Blesa, a lo que ha agregado que la suya, que se la había facilitado el exsecretario del Consejo Ángel Montero, le comentó que podía gastar discrecionalmente “pero con prudencia”.

Mercedes Rojo, por último, ha cuestionado la fianza que ha pedido para ella Anticorrupción, ya que se trata de una mera “beneficiaria a título lucrativo” y como el perjudicado, es decir, Bankia, no ha reclamado su cantidad, no hay responsabilidad penal, señala la agencia Efe.

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